lunes, 29 de agosto de 2022

El CESOP presenta trabajos ganadores del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública

 

 

·     En 11ª edición hubo tres primeros lugares y dos menciones honoríficas

·     El Centro de Estudios Sociales da a conocer el contenido de los trabajos

·     Primer lugar para la investigación sobre severidad de Covid-19 en México

·     Segundo lugar para el trabajo: La implementación del principio de paridad

·     El impacto de la inclusión financiera en indicadores obtuvo el tercer lugar

·     Transferencistas y ampliación de derechos con menciones honoríficas

 

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta los trabajos ganadores del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública, en su décima primera edición. La investigación ganadora del primer lugar se titula: Determinantes sociales de la desigualdad en la influencia de las comorbilidades sobre los estadios de severidad en pacientes de covid-19 en México, de César Augusto Ricardi Morgavi.

El segundo lugar correspondió al trabajo: La implementación del principio de paridad y la reproducción de la violencia política como respuesta patriarcal. Estudio de caso aplicado al sistema de partidos políticos en los municipios de Oaxaca, de Marisol Vázquez Piñón. El tercer lugar fue para Guadalupe del Carmen Briano Turrent con el trabajo: El impacto de la inclusión financiera en indicadores de desarrollo social en México: un enfoque de género.

El jurado otorgó dos menciones honoríficas. La primera correspondió a la investigación: Transferencistas: una clase social para entender lo rural a partir de la estructura del ingreso de las comunidades rurales de la zona maya de Quintana Roo, México, de Oscar Iván Reyes Maya. La segunda mención honorífica fue para el trabajo: Ampliación de derechos en torno al aborto y el matrimonio: patrones causales y recomendaciones para la intervención, de Carlos Martínez.

En esta edición  del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública, el jurado se conformó por las doctoras Elitania Leyva Rayón, profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Economía, de la Universidad de las Américas, Puebla y Aleida Azamar Alonso, profesora investigadora titular C de tiempo completo del Departamento de Producción Económica, Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco; y por los doctores Alejandro Dávila Flores, maestro-investigador del Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila; Gerardo Maldonado Hernández, profesor-investigador en la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y Gustavo Meixueiro Nájera, presidente de WAPOR-Latinoamérica  (World Association for Public Opinion Research.

El autor del primer lugar del Premio Nacional otorgado por CESOP, César Augusto Ricardi Morgavi, con la investigación: Determinantes sociales de la desigualdad en la influencia de las comorbilidades sobre los estadios de severidad en pacientes de covid-19 en México, parte de la idea de que la veloz propagación del virus SARS-COV- 2 en México amplió el riesgo de progresión a estadios de mayor severidad del coronavirus en pacientes con comorbilidades.

Este riesgo es capaz de potenciarse, neutralizare o encontrarse interferido por los determinantes sociales de la salud asociados a la privación y rezago social, en un país caracterizado por altas tasas de incidencia de enfermedades cardiometabólicas y patrones persistentes de reproducción de desigualdad social.

El propósito de este estudio es identificar el efecto fuerza de las comorbilidades sobre los estadios de severidad del Covid-19, para evaluar lo que significó de manera estadística, controlando los efectos de los determinantes sociales de la salud que se asocian a la desigualdad.

A partir de un diseño observacional, retrospectivo y transversal se aplica la técnica de regresión logística múltiple multinomial (RLMM) empleando una base datos depurada de 501,729 casos confirmados de Covid-19, alimentada y retroalimentada por la Secretaría de Salud del gobierno federal de México. A este base madre se fusiona el Índice de Rezago Social Municipal 2020, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL).

Segundo lugar

El segundo lugar del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública 2021 fue para el trabajo: La implementación del principio de paridad y la reproducción de la violencia política como respuesta patriarcal. Estudio de caso aplicado al sistema de partidos políticos en los municipios de Oaxaca, investigación de Marisol Vázquez Piñón.

El estudio analiza la implementación de la política de igualdad paritaria en las elecciones municipales del sistema de partidos en Oaxaca y la violencia política contra las mujeres debido al género como un efecto no deseado.

La violencia política contra las mujeres puede iniciar desde el proceso de selección de candidaturas, donde operan mecanismos que responden a un interés previo de utilizar a las mujeres para cumplir con la paridad, pero con la intención de moverlas del cargo una vez que resulten electas (efecto de pieza de ajedrez).

Explica la autora de esta investigación que, a pesar de la paridad, los mandatos de género dentro de los partidos políticos actúan como reglas informales y terminan por imponer su propia lógica, es decir, los hombres líderes partidistas conservan el monopolio de las candidaturas y cargos que ejercerán las mujeres.

La referida investigación ganadora del segundo lugar utilizó, según la autora, técnicas de análisis documental con la recopilación de algunas sentencias de los tribunales electorales; se examinaron las leyes y reformas locales y federal en materia de paridad, así como de violencia política en razón de género.

La autora señala que con la reforma de paridad se obligó a los partidos políticos a postular mujeres al 50 por ciento de las candidaturas de representación (en 2014) y posteriormente a conformar los órganos colegiados de manera paritaria (en 2019). Este principio está consagrado en el ámbito federal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Cuando la paridad se homologó en Oaxaca quedó establecida en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, en la cual se indica que en la integración de las planillas debe garantizarse la paridad en doble dimensión: vertical y horizontal, así como la alternancia de género.

Tercer lugar

El trabajo premiado con el tercer lugar fue: El impacto de la inclusión financiera en indicadores de desarrollo social en México: un enfoque de género, de Guadalupe Carmen Briano Turrent. Destaca que la inclusión financiera se ha convertido en un factor estratégico para reducir la pobreza, la desigualdad en los ingresos y alcanzar el crecimiento económico sostenible.

Menciona que a pesar de que México es una de las 15 economías más grandes del mundo y registra un desarrollo humano medio-alto, el país tiene un rezago considerable en materia de inclusión financiera, ya que más de la mitad de su población no tiene acceso a servicios financieros, colocándolo en la cuarta posición más baja en América Latina, sólo por encima de países como Haití, Nicaragua y el Salvador.

Respecto a la brecha de género en México, 65 por ciento de las mujeres cuentan por lo menos con un producto financiero, pero aún está por debajo del registro que alcanzan los hombres (72%), además de que la mayor brecha se registra en las poblaciones rurales.

El objetivo de este trabajo es estudiar el impacto de la inclusión financiera en sus dimensiones de infraestructura (acceso), tenencia y uso de los servicios financieros sobre indicadores de desarrollo humano (salud, educación e ingresos) de las mujeres en las entidades federativas de México.

 

Dos menciones honoríficas

En el Premio Nacional de Investigación Social 2021, el jurado otorgó dos menciones honoríficas. La primera correspondió a la investigación: Transferencistas: una clase social para entender lo rural a partir de la estructura del ingreso de las comunidades rurales de la zona maya de Quintana Roo, México, de Oscar Iván Reyes Maya.

El autor propone el término transferencistas como una clase social basada en la estructura económica de los hogares rurales de la zona maya de Quintana Roo, al tomar en cuenta que los diferentes cambios económicos y sociales que han experimentado transformó sus ingresos, los cuales no están mayoritariamente compuestos por la venta de productos agrícolas, han dejado de ser campesinos, desde el punto de vista teórico, debido a que la producción de autoabasto ya no es el principal sustento.  Sin embargo, tampoco son jornaleros agrícolas o lo que se llamaría proletarios del campesinado, ya que los salarios no son la principal fuente de ingresos del hogar, sino que los hogares rurales dependen económicamente cada vez más de las transferencias públicas y privadas que hacen otros hogares, pero sobre todo de las transferencias gubernamentales.

La segunda mención honorífica correspondió al trabajo: Ampliación de derechos en torno al aborto y el matrimonio: patrones causales y recomendaciones para la intervención, de Carlos Arturo Martínez Carmona. Esta investigación da cuenta de las condiciones necesarias y suficientes para concretar las modificaciones legales en materia de despenalización del aborto y matrimonio igualitario en México.

Mediante el análisis cualitativo comparado de 24 decisiones legislativas subnacionales entre 2007 y 2017, el estudio explora las condiciones causales relativas al cambio en las políticas morales para la ampliación de derechos. Con base en los hallazgos de investigación, se realizan 10 recomendaciones informadas teórica y empíricamente para ampliar los derechos de las mujeres y poblaciones LGBT.

Documento completo: https://bit.ly/3QXzHsN


Palabras clave:

Desigualdad, propagación del virus SARS-COV- 2, Implementación de paridad, violencia política, Inclusión financiera, desarrollo social, estructura económica de hogares rurales, aborto.

Contacto:

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Subdirección de Opinión Pública

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Responsable de la edición: Lic. Rocío Ramírez Morales

 

jueves, 25 de agosto de 2022

Aportaciones analíticas en temas esenciales para México en Revista Legislativa del CESOP

 

·     Edición número 32 contiene asuntos trascendentes para el Legislativo

·     Se explora posibilidad de posicionar agendas de rendición de cuentas

·     Además, incorpora estudio sobre la discriminación salarial en México

·     Estrategias de Mipymes mexicanas ante pandemia, interesante estudio

·     Otra investigación destaca factores recurrentes para incidencia delictiva

·      Contiene un estudio comparativo en las microempresas mexicanas

·     Finaliza con reseña del libro: La Revolución rusa: historia de Faraldo

 

En la Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública editada por el CESOP, volumen 15, número 32, correspondiente a enero- junio de 2022 se brinda información destacada y de trascendencia para el Congreso mexicano. Contribuye con el estudio y análisis de temas esenciales para México como: la rendición de cuentas y transparencia; discriminación salarial con perspectiva de género. Mipymes e incidencia delictiva, entre otros.

La Revista Legislativa del CESOP presenta siete interesantes temas desarrollados por un talentoso grupo de investigadores. En el primer artículo titulado: Rendición de cuentas en tiempos de coronavirus. Lecciones a partir del manejo de la contingencia sanitaria en la Ciudad de México elaborado por Óscar Flores-Jáuregui se analiza la posibilidad de posicionar las agendas de rendición de cuentas promovidas desde el ámbito de las organizaciones civiles dentro de los procesos de definición de la agenda pública en tiempos de pandemia.

El autor utiliza una estrategia metodológica que consiste en la verificación del alcance de un conjunto de instrumentos de transparencia proactiva con los que cuenta la administración pública de la Ciudad de México con el propósito de reforzar dichos mecanismos. 

El segundo trabajo incorporado en la Revista CESOP fue elaborado por Laura Giovanna Tapia, José Luis Vázquez y Harlen Denise González, titulado:  Análisis de la discriminación salarial en México con perspectiva de género. Los investigadores analizan la problemática de inequidad en el ingreso por cuestiones de género, así como de la probabilidad de que los hombres ocupen un puesto directivo superior al de las mujeres. Los investigadores aplican el modelo de Mincer que ha sido ampliamente utilizado para estimar los determinantes de los salarios. Este trabajo incluye una revisión de la literatura, lo cual da muestra de los diversos estudios orientados al factor de discriminación de la mujer en el campo laboral.

En el tercer documento de Saúl Alfonso Esparza- Rodríguez, César Gustavo Iriarte y Enrique Esquivel Fernández, titulado: Gestión contingencial en Mipymes mexicanas frente a los efectos económicos de la pandemia por Covid-19. Los investigadores realizan un ejercicio analítico sobre las diversas alternativas de gestión contingencial que las Mipymes en el país ejercieron como estrategia administrativa para enfrentar los retos de la pandemia por coronavirus.

Incluyen un escenario en donde las Mipymes se enfrentan con problemas de acceso al apoyo de tipo financiero y no financiero, lo que las hace vulnerables en entornos de recesión y crisis económica.

En el cuarto artículo, de Jaime Martínez-Arroyo y Marco Alberto Valenzo, titulado: Estrategia y productividad como fuentes de la competitividad, se revisa la relevancia de la competitividad en el entorno organizacional tal y como se menciona en el Foro Económico Mundial en sus conceptos emitidos en los informes del Índice de Competitividad Global 2015 y 2019 y en la edición especial para 2020.

Los autores señalan que la medición de variables que incentivarán la productividad de las organizaciones como estrategia de recuperación económica tras los efectos de la pandemia del Covid-19 deben considerar un modelo que vincule competitividad con productividad.

El quinto artículo de Nadyra Rodríguez Arias se titula: Modelo estructural de incidencia delictiva y entorno social en México muestra un panorama sobre las condiciones sociodemográficas y estructurales de México como factores recurrentes para el análisis y estudio de la incidencia delictiva. Ante ello, los procesos de construcción del tejido social en México permiten comprender el fenómeno del delito como consecuencia de factores altamente correlacionados.

En este estudio se realiza un análisis multidimensional y multivariado, ajustado a modelos de ecuaciones estructurales para comprender la relación entre entorno social y la incidencia delictiva en México. En esta investigación se utilizan datos del censo general de población, el índice de delincuencia, victimización y percepción de inseguridad y el censo nacional de gobierno elaborados por el INEGI.

Por otra parte, en la investigación realizada por Gabino García Tapia titulada: Análisis comparativo laboral, industrial y condición de ambulantaje en microempresas mexicanas, se examina el tema de las microempresas como organismos sociales económicos cuyos principales objetivos se centran en la actualidad en un proceso de supervivencia a través de la adaptación al medio ambiente y a las contingencias de cada industria.

El investigador analiza el sector de las microempresas mexicanas no agropecuarias en los ámbitos laboral, industrial y en condición de ambulantaje con datos recientes obtenidos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo realizada por el INEGI y toma en cuenta a la población económicamente activa en los sectores secundario y terciario de la industria.

El contenido de la edición de la Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública concluye con la reseña del libro: La Revolución rusa: historia y memoria, de José M. Faraldo, elaborada por Marco Antonio Esparza. Resalta que esta obra permite rememorar de forma descriptiva las raíces de la compleja problemática de la región, incluyendo diversos pasajes como el estallido de la revolución, los participantes, el ascenso de nuevos poderes políticos en Rusia, además de la participación del sector social.

Documento completo: https://bit.ly/3AB5jP1

  

Palabras clave:

Rendición de cuentas, coronavirus, discriminación salarial, perspectiva de género, gestión, contingencia en Mipymes, estrategia y productividad, competitividad, incidencia delictiva, entorno social.

 

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Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Subdirección de Opinión Pública

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Responsable de la edición: Lic. Rocío Ramírez Morales

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miércoles, 27 de julio de 2022

México peor evaluado en Índice de Percepción de la Corrupción, mantiene posición 124

 

 

·       Ranking de nuestro país de percepción de la corrupción del 2000-2021

·       ENCIG estima que en trámites de seguridad pública hay mayor corrupción

·       En encuesta del CESOP 94% dice que existe corrupción y 89% impunidad

·       Población pagó por causa de corrupción 12,769.7 MDP durante el año 2019

·       Mayores porcentajes de sobornos en servicios del país en jueces y policía

·       Implementar sistema de elección popular para el ámbito de fiscalización

·       Afecta corrupción en servicios, licitaciones y nombramiento de funcionarios

·       Corrupción provoca pérdida de legitimidad de sociedad hacia gobernantes

 

México sigue siendo el peor evaluado en el Índice de Percepción de la Corrupción, se ubica en los 31 puntos ocupando la posición 124 de los 180 países evaluados, puntuación que obtuvo en 2021 al igual que en 2020. De acuerdo con la escala que va de 100 a 0, en donde 100 indica que el país se encuentra libre de corrupción y 0 significa una corrupción sin ningún escrúpulo.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta su publicación número 145 del Reporte CESOP con el título: Corrupción e impunidad, el cual brinda datos y cifras valiosas que contribuyen al estudio de este preocupante fenómeno mundial. Un grupo de seis investigadores desarrollan diversos temas relacionados con la problemática referida. Dan a conocer las causas y consecuencias de la corrupción, costos económicos, políticos y sociales. Se ofrece información de gran interés sobre el ranking histórico de México de la percepción de la corrupción del 2000-2021; las áreas en el país en donde más se registran prácticas ilícitas de corrupción y se plantean alternativas en el ámbito de fiscalización.

Con 31 puntos en la posición 124 nuestro país es el peor evaluado en el Índice de Percepción de la Corrupción con relación a los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El investigador Mtro. Ernesto R. Cavero Pérez en su artículo “Percepción de la Corrupción en México” presenta un panorama detallado de cómo se percibe la corrupción en México mediante el ranking histórico para nuestro país 2000-2021.

De acuerdo con el histórico del ranking de percepción de la corrupción, en el año 2000 México ocupaba el sitio 59, a partir de 2003 se ubicó en el sitio 64; en 2006 al sitio 70. En 2010 se ubicó en el sitio 96 y en 2011 llegó al lugar 100. Desde 2016 rebasó el lugar 100 al situarse en el 123. En 2017, 2018 y 2019 en los lugares 135, 138 y 130. Asimismo, en 2020 y 2021 se mantuvo México en el lugar 124.

La investigadora Ma. Guadalupe Morales Núñez en su artículo “Corrupción e Impunidad” menciona algunos de los importantes hallazgos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) realizada en 2013. Destaca que a escala nacional 83% de la población considera que las prácticas de corrupción son muy frecuentes o frecuentes y 89.7 de la población opina que la corrupción es una práctica muy frecuente y frecuente en las policías; seguido de los partidos políticos y el Ministerio Público con 84.4 y 78.4% respectivamente. La ENCIG estima que el trámite con mayor porcentaje de experiencias de corrupción fue en el contacto con autoridades de seguridad pública con 50.5%, seguido por el de permisos relacionados con la propiedad con 24.8%. A su vez en la Encuesta sobre el Sistema Nacional de Anticorrupción elaborada en 2015 por el CESOP muestra que 94% de la opinión pública en México señala que existe corrupción y 89% indica que también hay impunidad.

En el artículo: “El soborno, una modalidad de la corrupción, sus causas y consecuencias”, de la investigadora Rocío Ramírez Morales se puntualiza en datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017 y 2019, de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016 y 2020 elaboradas por el INEGI que señalan que en 2019 la población en nuestro país pagó por causa de la corrupción 12,769.7 millones de pesos, 64 por ciento más que en 2017. En términos per cápita, cada persona víctima de corrupción erogó 3,822 pesos en promedio (1,372 pesos más por personas afectada respecto a los estimado en 2017 que fue de 2,450 pesos. Entre enero y marzo de 2019 en un estudio del Barómetro Global de la Corrupción América Latina y el Caribe, opiniones y experiencia de los ciudadanos en materia de corrupción, publicado por Transparencia Internacional, revela que los mayores porcentajes de sobornos en los servicios públicos de nuestro país son en jueces y policía. En este último, el porcentaje aumento 52% en 2019 con relación a 2017 que fue del 30 por ciento.

En el artículo elaborado por el investigador Héctor Hugo Rocha Gómez con el título: “La corrupción y el poder” señala que existen diversas categorías en que se ha registrado corrupción:  cuando los funcionarios venden sus poderes discrecionales al mejor postor, asignan recursos y servicios de acuerdo con las ofertas recibidas; así también en casos en que los funcionarios cobran un porcentaje sobre los contratos de gobierno para adjudicarlos al mejor postor. Se refiere además a la corrupción de jueces o funcionarios públicos, proveedores de servicios públicos que exigen el pago de una cantidad determinada para acelerar servicios. El investigador resalta las áreas mayormente afectadas por la corrupción que son los servicios públicos, licitaciones y adquisiciones públicas, recaudación de impuestos, nombramiento de funcionarios públicos y administración de gobiernos locales, entre otros. 

En el ensayo del investigador Omar Cortés Macías titulado: “Los entes de fiscalización, oportunidad para crear un modelo institucional a seguir”, se refiere a la necesidad de cuestionar qué medidas se han tomado al interior de las instituciones para lograr que imperen las conductas establecidas en el Código de Ética de los servidores públicos del gobierno federal que contiene reglas de integridad y lineamientos de conducta para los servidores públicos. Asimismo, plantea implementar un sistema de elección popular para el ámbito de fiscalización e impartición de justicia. Enuncia dos posibles vías para ocupar el cargo de los órganos de fiscalización: que el Senado de la República o los congresos locales podrían elegir a los perfiles con mejor desempeño en el ramo de la fiscalización y posteriormente ser electos por voto popular.  A su vez, la terna podría ser propuesta por el Sistema Nacional Anticorrupción, ratificada por el Senado o los congresos locales y electos por el voto popular.

En el artículo: “La corrupción: consecuencias políticas, económicas y sociales del investigador Diego Armando Camacho Cuéllar señala que entre las repercusiones de la corrupción en lo político provoca: la pérdida de legitimidad o reconocimiento de la sociedad hacia sus gobernantes; fomenta el desorden público, la división, provoca malas prácticas en la función pública. En lo económico, la corrupción retrasa el desarrollo de la nación y de las personas, perjudica la eficiencia del mercado y en lo social, la persistencia de prácticas corruptas es una violación a las leyes que propicia indignación social y desconfianza de la población.

Documento completo: https://bit.ly/3I4Bx7m

 

Palabras clave:

Corrupción, impunidad, falta de castigo, anticorrupción, fiscalización.    

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miércoles, 20 de julio de 2022

Igualdad sustantiva y una vida libre de violencia para la mujer son derechos que deben respetarse

 

 

·       Proigualdad estrategia con una perspectiva de género del PND

·       Incorpora políticas de igualdad en los tres órdenes de gobierno

·       Establece acceso a mujeres al trabajo remunerado en igualdad

·       Fortalece sus capacidades para su participación en el desarrollo

·       Ley de Igualdad formaliza logros contra discriminación de género

·       Ley para una Vida Libre de Violencia establece principios rectores

 

El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contras las Mujeres (Proigualdad) constituye la estrategia que cruza con una perspectiva de género del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, su propósito es alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres y niñas, así como en un contexto de democracia participativa utilizando para ello la planeación, programación y presupuesto.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta el Documento de trabajo número 379: Derecho y Libertades de las Mujeres, elaborado por el investigador Héctor Hugo Rocha Gómez. Se da a conocer información relevante sobre los derechos humanos de las mujeres y el marco legal para alcanzar la igualdad de género en nuestro país, erradicar la violencia contra las mujeres y generarles entornos seguros de convivencia familiar y social.

El programa Proigualdad concreta la Política Nacional en Materia de Igualdad. Tiene como finalidad contar con políticas públicas centradas en reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres para lo cual integra seis objetivos: el primero es alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y proporcionar un cambio cultural respetuoso de los derechos de la mujer.

El segundo objetivo es prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas al garantizarles el acceso a una justicia efectiva. El tercer objetivo es promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, empleo decente y recursos productivos, en un marco de igualdad.

El cuarto objetivo es fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar. El quinto objetivo es generar entornos seguros y amigables de convivencia familiar y social, actividades de tiempo libre y movilidad segura para las mujeres y las niñas. El sexto propósito es incorporar las políticas de igualdad en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional.

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres representa la formalización de los logros alcanzados en la lucha contra la discriminación y a favor de la igualdad entre las mujeres y hombres en México. Entre sus objetivos están: regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, para lo cual se proponen lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado promoviendo el empoderamiento de las mujeres.

Sus principios de esta Ley son: La igualdad, no discriminación, equidad y aquellas disposiciones que contiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Esta Ley en su artículo 4º establece los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia, los cuales deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales, los cuales son los siguientes: 1) la Igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, 2) el respeto a la dignidad humana de las mujeres, 3) la no discriminación y 4) la libertad de las mujeres.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Libre de Violencia 2015 en su artículo tercero estipula que todas las medidas que se deriven de dicha ley garantizarán la prevención, atención, sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida.

Documento completo: https://bit.ly/3a3xWKh 

Palabras clave:

Derechos y libertades, abusos, igualdad sustantiva, violencia, derechos de las mujeres.   

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miércoles, 13 de julio de 2022

La violación quinto lugar en delitos de violencia de género con más incidencias en México

 


 

·       En el país de enero 2015 a marzo de 2022 hubo 115,389 violaciones

·       Al comparar resultados del año 2015 con los del 2021 hay un aumento

·       Estado de México tuvo más incidencias de violaciones en ese periodo

·       Por cada nueve delitos sexuales contra mujeres, uno contra hombres

·       México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, afirma la OCDE

·       Todo tipo de agresión sexual causa daño físico, en salud y psicológico

 

La violación ocupa el quinto lugar de los delitos de violencia de género con más incidencias en nuestro país y ha sido uno de los ilícitos con mayores aumentos según la suma de incidencias de 2015 a 2022, señala el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública en el Documento de trabajo número 374 titulado: Algunas reflexiones sobre invasiones al cuerpo: el delito de violación en México.

En el Documento de trabajo número 374, las investigadoras Aeelen Miranda y Ana Laura Urban exponen el tema de la violación en México y presentan interesantes datos y estadísticas de este fenómeno que es uno de los delitos de mayor impacto social. Se brinda información detallada sobre la evolución de este delito en el tiempo reciente, con base a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En México durante el periodo de enero de 2015 a marzo de 2022 se registraron 115,389 violaciones. Al comparar los resultados del año 2015 con los del 2021, existe un preocupante incremento de 67.9 por ciento, aseguran las investigadoras Aeelen Miranda y Ana Laura Urban, quienes añaden que las cifras engloban los delitos cometidos contra mujeres y hombres, sin distinción aparente.

En 2015 se registró un total de 12,619 incidencias de violaciones. En 2016 13,539 lo que significó 7.3 por ciento con respecto al año anterior. En 2017 hubo 13,520, es decir, -0.1 por ciento con relación a 2016. Para 2018 se registraron 15,322 delitos, lo que representa 13.3 por ciento.

En 2019 hubo 17,342 delitos, es decir, 13.2 por ciento respecto al año anterior. En 2020 hubo un total de 16,543, es decir, -4.6 por ciento delitos que en 2019. En 2021 se registraron 21,189 incidencias, es decir, una diferencia de 28.1 por ciento comparado con  2020. La variación entre 2015 y 2021 fue de 67.9 por ciento.

De acuerdo con los resultados por entidad, el Estado de México tiene el registro más alto con 819 incidencias y Yucatán el menor con 15. Por cada nueve delitos sexuales cometidos contra mujeres, hay uno cometido contra hombres, destaca la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2019).

Cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) revelan que México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos por año. De esas violaciones, el 90 por ciento perpetrado contra las niñas se produce en el interior de los hogares y en el entorno familiar.

Consecuencias psicosociales

Cualquiera que sea el tipo de agresión sexual causa daño físico, en salud y psicológico, es decir, se atenta contra el bienestar general de las personas violentadas.

La violación es un ataque directo al sentimiento de seguridad de una persona, es una de las peores experiencias que se pueden sufrir en la vida. Para las víctimas de este delito quedan sentimientos y emociones dolorosas de terror, miedo desesperanza, angustia, impotencia, culpa, vergüenza, tristeza, desconfianza y estrés postraumático entre otros males.

Documento completo: https://bit.ly/3btOgEk

 

Palabras clave:

Violación, delitos, agresión sexual, problema social, prostitución forzada.    

Contacto:

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Subdirección de Opinión Pública

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Responsable de la edición: Lic. Rocío Ramírez Morales

 

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miércoles, 6 de julio de 2022

De un total de más de 35 millones de viviendas, 38.4 % con rezagos: ONU-Hábitat

 

 

·       Más de 4 millones de viviendas se encuentran deshabitadas

·       El 15.3% de viviendas se ubican en asentamientos precarios

·       10 acciones para impulsar modelo de urbanización sostenible

·       Para reducir desigualdad y fortalecer procesos de gobernanza

·       Agendas en Cámara de Diputados atienden problemática urbana

 

De un total de 35 millones 617 mil 724 viviendas se estima que el 38.4 por ciento que están habitadas presentan enormes rezagos, las cuales por sus materiales de edificación en deterioro no garantizan el mínimo bienestar a sus habitantes, destaca ONU-Hábitat en el Reporte Nacional de Prosperidad Urbana en México 2019 que además destaca que el 14 por ciento del total de viviendas se encuentran deshabitadas.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta el Documento de trabajo número 376:  Gobernabilidad y gestión metropolitana. Agenda pendiente. Este artículo de acuerdo con su autor Salvador Moreno Pérez tiene como propósitos analizar lo que se denomina gobernanza y gobernabilidad en las metrópolis mexicanas y cómo se relacionan estos conceptos con la prestación de servicios públicos, por lo que se revisan los principales esfuerzos de coordinación metropolitana en nuestro país y las agendas legislativas con respecto al tema que se han planteado en la Cámara de Diputados. Se agregan datos importantes de la ONU- Hábitat sobre la situación habitacional en nuestro país.

El Reporte Nacional de Prosperidad Urbana en México 2019 elaborado por la ONU-Hábitat señala que 4 millones 997 mil 806 viviendas se encuentran deshabitadas. El 15.3 por ciento de viviendas se localizan en asentamientos precarios. El 1.3 por ciento no tienen acceso a la electricidad y el 5.7 por ciento no disponen de agua entubada; alrededor de 7.2 por ciento no tienen acceso a drenaje, sólo un 32.9 por ciento tienen acceso a internet y el 79.42 por ciento cuenta con el servicio de recolección de basura.

Con base a los resultados del Índice de Ciudades Prósperas, ONU- hábitat identificó 10 acciones estratégicas para impulsar un modelo de urbanización sostenible que favorezca no sólo la adecuada gestión de las ciudades, sino su equilibrio con zonas rurales y áreas de alto valor ambiental desde una perspectiva de ordenamiento territorial.

Se propone: 1) impulsar la gestión urbana desde lo local, con base en una política nacional urbana integrada entre todos los órdenes de gobierno. 2) eliminar el desequilibrio observado entre las seis dimensiones de prosperidad a escala nacional y entre las regiones del país. 3) lograr la adecuada gestión de crecimiento urbano para aprovechar las ventajas de la aglomeración y reducir los costos sociales, económicos y ambientales de la expansión dispersa 4) impulsar la generación y monitoreo de información urbana a escala local para tener indicadores territorializados para evaluar las acciones públicas en las ciudades

Asimismo, se pretende. 5) fortalecer los procesos de gobernanza y coordinación intermunicipal para reducir las brechas de desigualdad espacial intraurbana entre municipios; 6) fortalecer los instrumentos de planificación urbana a escala de las aglomeraciones; 7) consolidar el sistema nacional de ciudades, desde una perspectiva regional con visión nacional sobre la prosperidad y el desarrollo.

Se busca 8) implementar una estrategia nacional de gestión medioambiental para reducir la excesiva demanda de recursos provocada por el actual modelo de crecimiento urbano; 9) generar mejores condiciones de infraestructura de conectividad en las regiones menos  prósperas del país; 10) Implementar la medición recurrente del Índice de Ciudades Prósperas (CPI, por sus siglas en inglés) a escala nacional para monitorear el avance de las agendas globales, así como los progresos realizados por las ciudades respecto a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su dimensión urbana.

De acuerdo con José Luis Lezama, del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA) de El Colegio de México, la gobernabilidad metropolitana es una herramienta clave para incidir positivamente en el funcionamiento metropolitano.

El investigador Salvador Moreno Pérez puntualiza que cuando se habla de gobernabilidad metropolitana se hace referencia a un tipo específico de gobierno, es el ejercicio del gobierno en condiciones de legitimidad, eficiencia y apoyo ciudadano. En cambio, gobernanza se entiende como la integración de actores no gubernamentales al diseño, implementación o evaluación de políticas públicas.

En la Cámara de Diputados las políticas urbanas y el fortalecimiento de gobiernos locales son temas de relevancia en las agendas legislativas de los grupos parlamentarios. El grupo de Morena se ha pronunciado por reformas a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU). El PRI propone en su agenda legislativa recuperar el fondo metropolitano. El PVEM promueve la movilidad sustentable. El PT plantea reformar la LGAHOTDU para atender el problema de regularización de predios y MC busca fortalecer la autonomía de las entidades federativas.

Documento completo: https://bit.ly/3wWn2hX

 

Palabras clave:

Zonas metropolitanas, agenda nacional, crecimiento, gobierno metropolitano, gestión metropolitana, LGAHOTDU, fondo metrolopitano, uso de suelo, regulación de predios.   

Contacto:

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Subdirección de Opinión Pública

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Responsable de la edición: Lic. Rocío Ramírez Morales

 

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