miércoles, 27 de febrero de 2019

GUARDIA NACIONAL EN MÉXICO



GUARDIA NACIONAL EN MÉXICO
Carpeta Informativa

En esta Carpeta Informativa se presenta diversa información sobre la Guardia Nacional en México como uno de los mecanismos que integrarían la estrategia en materia de Seguridad Pública planteada por el titular del Poder Ejecutivo. En el documento se privilegia la presentación gráfica de cuadros estadísticos y de indicadores, así como la exposición breve de información de interés general respecto a dicho rubro. La carpeta aborda los siguientes apartados:

  1. antecedentes y rasgos generales;
  2. la Guardia Nacional en el Plan Nacional de Paz y Seguridad;
  3. desafíos;
  4. corrupción y Seguridad Pública;
  5. opinión pública;
  6. cuestionamientos;
  7. Índice de Desarrollo Policial; y
  8. gasto público.

En dichos renglones, se busca aportar información que pueda contribuir al conocimiento esencial sobre el particular y al examen legislativo del tema.
José de Jesús González Rodríguez*

* El autor es Licenciado en Economía y abogado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Investigador de la Dirección de Estudios de Desarrollo Regional del CESOP. Correo electrónico: jesus.gonzalez@congreso.gob.mx


Antecedentes legislativos

El 14 de noviembre de 2018, se presentó el denominado Plan Nacional de Paz y Seguridad por parte del Lic. Andrés Manuel López Obrador, quien con tal motivo anunció la creación de una Guardia Nacional conformada por elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal, instancias que se responsabilizarían de las tareas de Seguridad Pública en el país.
El 20 de noviembre de ese año, legisladores del grupo parlamentario del partido Morena en la Cámara de Diputados presentaron la correspondiente iniciativa de reforma a los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 82, 89 y 123. Dicha iniciativa pretende la derogación de la fracción III del artículo 31; de la fracción II del artículo 36; de la fracción I del artículo 78; y de la fracción VII del artículo 89, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, instancia que el 20 de diciembre de 2018 aprobó el dictamen respectivo y lo envió a la Cámara revisora el 16 de enero de 2019, en donde espera continuar su trámite legislativo. Antecedentes legislativos

Nota: Los aspectos referentes al proceso legislativo, naturaleza y alcances de la iniciativa de Reforma Constitucional en materia de Guardia Nacional, pueden consultarse en el texto del CESOP denominado “La Guardia Nacional ¿militarización del país o solución a la inseguridad pública?”.


Rasgos generales y alcances de la Guardia Nacional

Los rasgos principales de la propuesta son, entre otros, los siguientes:
  • Que la federación cuente con una institución policial de carácter y dirección civiles denominada Guardia Nacional, responsable de las tareas de seguridad para la salvaguarda de la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas y la preservación de los bienes y recursos de la nación.
  • La estructura orgánica de la Guardia Nacional estaría adscrita a la secretaría del ramo de seguridad y tendría una Junta de Jefes de Estado Mayor compuesta por integrantes de las dependencias de los ramos de Seguridad, de Defensa Nacional y de Marina.
  • La dependencia del ramo de seguridad formularía el programa nacional en la materia y los programas operativos, políticas, estrategias y acciones. En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional dispondría lo necesario para que la estructura jerárquica, la disciplina, el régimen de servicios, los ascensos, las prestaciones, el ingreso, la profesionalización y el cumplimiento de las responsabilidades y las tareas de la Guardia Nacional se homologuen a los que se aplican en las Fuerzas Armadas.
  • Los detenidos deberán ser puestos a disposición en instalaciones de las autoridades civiles.
  • Las instituciones de Seguridad Pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil.
  • La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, éstas dos últimas actuarán bajo la conducción jurídica de la representación social.
  • La Seguridad Pública es una función a cargo de la federación a través de las instituciones que para tal efecto dispone la Constitución, tanto de las entidades federativas como de los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
  • El Ministerio Público, la Guardia Nacional y las instituciones policiales deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la Seguridad Pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, al que las entidades federativas y los municipios, a través de sus órganos de policía, deberán suministrar la información de que dispongan en la materia.
  • En tiempo de paz ningún extranjero podrá servir en la Guardia Nacional.
  • Para tener un cargo de representación se requiere no estar en servicio activo en la Guardia Nacional.
  • El Congreso tiene la facultad para expedir las leyes sobre la organización, disciplina, profesionalización, operación y evaluación de la Guardia Nacional, así como expedir la Ley General del Uso Legítimo de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenidos.
  • Será facultad del Senado analizar el informe que el presidente de la república presente sobre las actividades de la Guardia Nacional.
  • Los miembros del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional se regirán por sus propias leyes.
  • El Estado proporcionará a los miembros en activo de la Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional las prestaciones laborales respectivas.
  • Los delitos cometidos por elementos de la Guardia Nacional serán conocidos por la autoridad civil y los delitos de éstos contra la disciplina militar, serán conocidas por las autoridades y tribunales militares.
  • Dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor de las reformas constitucionales respectivas, el Congreso expedirá la Ley de la Guardia Nacional.
  • Dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigor de las reformas constitucionales respectivas, el Congreso expedirá las leyes que reglamenten el uso legítimo de la fuerza y regulen el Registro Nacional de Detenciones.
  • La Guardia Nacional se constituirá con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval.
  • Después del tercer año de la creación de la Guardia Nacional, el Ejecutivo federal enviará al Congreso una evaluación de su desempeño y de los resultados que en materia de seguridad se hayan obtenido.

Fuente: Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, 16 de enero de 2019.

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miércoles, 6 de febrero de 2019

La minería mexicana. Situación actual y perspectivas


COMUNICADO
La minería mexicana. Situación actual y perspectivas
Carpeta informativa Núm. 105

La minería en México ofrece escasos beneficios a las comunidades adyacentes al lugar en donde se ubica la unidad de producción minera.

  • El modelo de extracción minera en México detona un grado de conflictividad social que hace necesario introducir modificaciones a la ley que garanticen el respeto a las formas de vida y los derechos de la población local.
  • El modelo de producción de la minería mexicana actual es de corte eminentemente extractivista.
  •  La actividad minera es el detonante de conflictos ambientales y sociales focalizados, que alteran la vida en un buen número de pueblos y comunidades del país.
    
En este breve estudio se plantea un panorama general sobre la situación de la minería mexicana que parte de las disposiciones legales en vigor, entendiendo que el marco jurídico es el espacio desde donde se estructura la normativa que habrá de regir el modelo de producción minera.

Un examen de la disposición legal, como es la Ley Minera en vigor, ha dado lugar a un amplio debate parlamentario sobre su contenido y sobre los derroteros que debe darse a las actividades del sector. Hoy día es evidente que la minería mexicana ofrece escasos beneficios a la población que reside en las áreas adyacentes al lugar en donde se ubica la unidad de producción minera, hecho que detona un grado de conflictividad social y que hace necesario introducir modificaciones a la ley, que garanticen el respeto a las formas de vida y los derechos sociales de la población asentada en las comunidades y municipios mineros.

Es un hecho que el modelo de producción de la minería mexicana en vigor es de corte eminentemente extractivista. Este carácter productivo conlleva la exploración y explotación intensiva del territorio en unidades productivas a cielo abierto o bien en yacimientos de minería subterránea. Como habrá de observarse a lo largo del presente estudio, los volúmenes de producción de los principales minerales han registrado incrementos sostenidos, sin el correspondiente auge del producto interno bruto minero, que presenta episodios de severa contracción.

El empleo formal en el sector minero ronda alrededor de más /menos 140 mil plazas de trabajo. Por lo que se refiere a los salarios medidos a través del salario base de cotización del IMSS, la minería tiene un balance favorable, ya que éste se encuentra situado por arriba de la media nacional. La evolución del empleo formal en la minería guarda un paralelismo muy marcado respecto de los cambios observados en el crecimiento del producto interno bruto minero.

El estudio aborda el comportamiento del sector de la inversión. Para dicha variable se encontraron serias dificultades para acopiar información confiable y oportuna, por lo que es difícil desprender análisis certeros acerca de las conexiones entre la minería y la industria. Sin embargo, es posible conocer los montos totales de las inversiones privadas destinadas a la exploración, al desarrollo de nuevos proyectos, así como los flujos anuales de la inversión extranjera directa.

En lo tocante al tema de las concesiones, la investigación posibilita la consulta de cifras acerca del número de títulos otorgados y la correspondiente superficie concesionad. Asimismo, se tiene información disponible acerca del número de sociedades inscritas en el Registro Nacional de la Minería.

Como es de sobra conocido, la actividad minera es el detonante de conflictos ambientales y sociales focalizados, pero que alteran la vida en un buen número de pueblos y comunidades del país. Para documentar estas realidades, en su verdadera dimensión, se abre el vínculo de consulta con el sitio de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, organismo social que testimonia extensamente y caso por caso los daños causados por las empresas extractivas.

En el ámbito ambiental la extracción intensiva de minerales es causante de costos ambientales considerables, así lo consigna la información proveniente del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México (SCEEM) publicadas por el INEGI, cuyos resultados son reportados en uno de los apartados del documento.

Respecto al contenido del estudio, es preciso señalar desde un inicio que aquí sólo contempla lo relacionado con los productos mencionados en el artículo 4º de la Ley Minera en vigor, excluyendo todo lo relacionado con la extracción de hidrocarburos.

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goo.gl/7WgJx3

viernes, 1 de febrero de 2019

Buen gobierno, más allá del combate a la corrupción.




COMUNICADO 
Buen gobierno, más allá del combate a la corrupción.
Carpeta informativa Núm. 104

La corrupción es un mal mayor en nuestro país con costos económicos elevados e impactos negativos en el crecimiento y en la percepción de la sociedad.
-       En los últimos seis años, México y los 15 países con más rezago registran una tendencia preferentemente negativa en combate a la corrupción.
-       La gobernanza para el desarrollo llega a no tener éxito debido a que sus acciones afectan los intereses de los actores que cuentan con el poder para frenarlas.
-       México y Venezuela son los que más retrocedieron en el indicador “control de la corrupción”.

La corrupción es un mal mayor en nuestro país, con costos económicos elevados e impactos negativos en el crecimiento y en la percepción de la sociedad. Transparencia Internacional la define como el abuso del poder conferido para la obtención de una ganancia privada.

En el análisis de los últimos seis años del Índice de la Percepción de la Corrupción se aprecia una evolución de las primeras 12 naciones con las mejores calificaciones, que presentan un desempeño favorable o estable. Por el contrario, nuestro país y los 15 con más rezago registran una tendencia preferentemente negativa (con excepción de Corea del Norte, Afganistán y Sudán, que mejoran).

La corrupción no es el único mal que aqueja a gobiernos, a empresas y a la sociedad, existen otras áreas que son parte de este mal, que también pueden ocurrir de manera independiente, como: el acceso e intercambio de información, la responsabilidad compartida, conflicto de intereses, contracción de la base de contribuyentes y elusión fiscal, entre otras.

El Banco Mundial (BM) es una de las instituciones globales que más han estudiado y medido el buen gobierno a través de su desempeño y eficacia. Los temas vigentes que aborda el organismo son sistemas impositivos transparentes y justos en la era digital, compromiso y participación ciudadana, gobierno y Estado de derecho, así como el desempeño institucional dentro del gobierno.

El Banco Mundial precisa que la gobernanza para el desarrollo llega a no tener éxito en brindar seguridad a la población, en conseguir un crecimiento económico satisfactorio, en minar la desigualdad social y en implementar las políticas de transformación, debido a que estas propuestas o herramientas afectan los intereses de los actores que tienen el poder para frenarlas, no obstante que otras partes se beneficiarían de ellas y que tienen facultades para influir en los procesos de decisión, aun cuando estos cambios no implican algún desfase significativo en los equilibrios prevalecientes.

Dentro de los indicadores sobre el “control de la corrupción” en las naciones seleccionadas, México y Venezuela son las que más retrocedieron en el periodo de estudio; Brasil y Chile también presentan caídas, aunque menos pronunciadas, mientras que las mejor ubicadas como Alemania, Dinamarca y Canadá, muestran poca variabilidad.

En “efectividad del gobierno”, como la mide el BM, de 2000 a 2017 México tiene un comportamiento errático dentro de un rango de 0.35 a -0.03; lamentablemente la calificación más baja es la del último año. En este tema, sin sorpresas, Venezuela es la que tiene una mayor caída y China la que más se ha recuperado. Brasil y Colombia, con un comportamiento pobre, la mayor de las veces con notas negativas. Dinamarca y Canadá ratifican su comportamiento entre los mejores. Finalmente, se resalta el mal desempeño de Estados Unidos, aunque en un rango de mejores cifras.

En “estabilidad política y ausencia de violencia”, no sorprende que Venezuela, México, China y Brasil son una constante de calificaciones reprobatorias; quizá la nación asiática es la única que no evidencia una tendencia negativa. Estados Unidos, debido a los incidentes sufridos, que su gobierno atribuye al terrorismo islámico, también presenta notas en rojo (con mayor número, ya que también contabiliza un número significativo de tiroteos contra la población civil). Dinamarca y Canadá se mantienen a la cabeza, aunque con notas no tan altas como en los demás indicadores. Es decir, vivimos en un mundo violento, lo cual se podría inferir de esta muestra.

El comportamiento en “Estado de derecho” de México tiene una tendencia tan mala como en control de la corrupción, y en estabilidad política y ausencia de violencia. Venezuela muestra notas negativas que se acercan a los límites inferiores del rango establecido. Brasil es persistente en sus asignaciones en rojo, aunque no tan malas. Colombia y China, también con notas negativas, pero en camino a superarse. Dinamarca y las otras naciones desarrolladas son constantes en sus indicadores positivos.

Nuestro país, en este último indicador, “Voz y rendición de cuentas”, evidencia una tendencia suave a la baja, lejos de la caída precipitosa de Venezuela. China es estable en sus cifras negativas, mientras que Colombia logra salir de la zona roja. Estados Unidos, Francia, Brasil y Chile son constantes entre los positivos. Dinamarca, Canadá y Alemania comparten notas similares en lo más alto de la tabla.

Investigador. Gabriel Fernández Espejel

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