Temas actuales en materia social, desarrollo regional y de opinión pública
viernes, 28 de febrero de 2020
lunes, 24 de febrero de 2020
Estado debe legitimar provisión de servicios de cuidado mediante Sistema Nacional
- LXIV Legislatura propone reformar Constitución Política para revertir falta de atención a personas en situación de dependencia
- Propuesta reconoce al cuidado como derecho humano y armoniza vida laboral y familiar
Un
Sistema Nacional de Cuidados con perspectiva de género y no discriminación,
conformado de servicios públicos accesibles y suficientes que garanticen
seguridad y protección a otros derechos, así como atención prioritaria a niñas,
niños, personas enfermas, con discapacidad y adultos mayores son algunos de los
propósitos de la iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de
Diputados en la actual Legislatura.
El Centro
de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta el Documento de trabajo
número 323. Sistema general de cuidados.
A fin de contribuir al estudio del tema sobre el cuidado no remunerado que si bien genera bienestar, también
implica un costo para quienes realizan esta actividad: de tiempo, energía e
ingresos no percibidos. Al respecto, se dan a conocer diversos elementos
fundamentales de la propuesta legislativa presentada en la Cámara de Diputados,
así como de políticas de cuidado en otros países, donde incluso existe un
Sistema Nacional Integrado de Cuidado como el caso de Uruguay.
La
Comisión Nacional de Derechos Humanos llevo a cabo un estudio de la
corresponsabilidad del Estado mexicano en el trabajo del cuidado y determinó que las familias, el Estado y las
empresas son los que generaban labores de cuidado, por lo que la
corresponsabilidad del Estado muestra la importancia de su incorporación al
catálogo de políticas públicas con enfoque a los derechos humanos.
En
México, las labores de cuidado, indica la CNDH, son culturalmente
responsabilidad de los hogares, además de que históricamente las mujeres asumen
el compromiso de cuidar en la mayoría de ocasiones sin ninguna remuneración. Actualmente
no sólo los menores y la población adulta requieren de cuidados, sino que los
criterios se han ampliado y se considera dentro de este ámbito a las personas
con discapacidad y a los enfermos, todos ellos reunidos dentro de una población
en situación de dependencia.
En la
Cámara de Diputados, en la actual LXIV Legislatura, el grupo parlamentario de
Morena ha propuesto reformar el artículo cuarto constitucional para plantear el cuidado como un derecho que debe
garantizar el Estado. Busca la propuesta articular un Sistema Nacional de
Cuidados con perspectiva de género y no discriminación, Constituido de
servicios públicos accesibles y suficientes. Al mismo tiempo promueve la
redistribución equitativa de labores de cuidado entre hombres y mujeres.
Considera
que el cuidado debe ser un derecho que conlleve obligaciones para el Estado como
proveer las condiciones y medios para poder cuidar y garantizar que el cuidado
se lleve a cabo en condiciones de igualdad.
Destaca
la iniciativa de Morena que el Estado debe ser el encargado de legitimar la
provisión de servicios de cuidado, así como de la regulación de las condiciones
laborales, a fin de hacer compatibles las actividades de cuidado en un trabajo
que genere ingresos para quien lo ejerce y a su vez, proteger las condiciones
de vida de la población que es cuidada.
En México
no se ha podido articular un marco jurídico que permita una Política de Estado
para tener, capacitación, supervisión, vigilancia, licencias de maternidad y
paternidad, así como otras medidas para conciliar la vida familiar y laboral,
por lo que el Estado tiene un papel fundamental no sólo en la provisión de
servicios públicos de cuidado, sino en diversas obligaciones en esa materia.
Ante
ello, es necesario tomar las experiencias de otros países en el tema del
cuidado como ejemplo el de Costa Rica, donde es considerado el cuidado como
bien público prioritario, incluso cuenta con una Red de Atención Progresiva
para el Cuidad Integral de las Personas Adultas Mayores.
Documento completo:
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lunes, 17 de febrero de 2020
Desaparición forzada genera experiencia traumática para víctimas y familiares
- En México existe crecimiento exponencial de esta práctica delincuencial
- Alrededor de 81 sitios con más de 200 fosas clandestinas y 337 cuerpos localizados en cinco meses
- Declaración especial de ausencia, establecida en ley, busca proteger derechos y bienes de desaparecidos
Ante el constante reclamo de justicia y reparación del
daño de familiares de víctimas de desaparición forzada, práctica delincuencial
que detona miedo y se ha constituido en delito de lesa humanidad, se estableció
la figura legal de Declaración especial
de ausencia, para proteger los derechos y patrimonio de las personas
desaparecidas, así como establecer la guarda y custodia de los hijos menores de
edad.
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
presenta el Documento de trabajo número 320.
La figura legal de la declaración especial de ausencia. Contiene elementos
importantes para el estudio de este tema, así como del problema de la
desaparición forzada. Ofrece cifras de las personas desaparecidas e inhumadas
en fosas clandestinas en el territorio nacional, por parte de la Comisión
Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación.
La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y
Migración de la Secretaría de Gobernación establece que a partir del primero de
diciembre de 2018 y hasta el 13 de mayo de 2019 fueron localizados al menos 81
sitios geográficos en el país en donde se ubican 222 fosas clandestinas que
contienen 337 cuerpos de personas.
Datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
señalan que entre 2007 y 2016 se contabilizaban 855 fosas y mil 548 cadáveres.
A su vez, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores del Occidente (ITESO), así como la ONG denominada Datacívica y la
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
destacan que entre 2006 y 2016 se contabilizaron mil 608 fosas y 3 mil 40
osamentas. El Laboratorio de Investigación e Innovación Periodística A.C
contabilizó mil 978 fosas y 2 mil 884 osamentas encontradas en el periodo de
2006 y 2016.
El desglose por entidad federativa de los cuerpos de
personas desaparecidas inhumadas de forma clandestina en fosas en el mismo
periodo referido es el siguiente: Colima 93 personas; Sinaloa 80 personas;
Sonora 55; Nayarit 35; Jalisco 20; Veracruz 17; Guerrero 12; Zacatecas 8, Michoacán 7; Puebla 4;
Tamaulipas 2 y Durango, Estado de México, Guanajuato, Tabasco y Coahuila con
una persona.
La Comisión Nacional de Búsqueda, actual instancia
gubernamental encargada de atender el problema de personas desaparecidas a
nivel nacional, dio a conocer que para enero de 2019 se acreditaron a través de
huella dactilar 36 mil 708 personas fallecidas sin identificar en el país y
junto a esa cifra se logró ubicar la identidad de más de 400 personas que se
encontraban en calidad de desconocidas, algunas con más de 10 años sin
identificar.
Previamente en noviembre de 2018 se contabilizaron 37 mil
435 personas desaparecidas en el
Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas,
aunque esta cifra tiene la posibilidad de incluir a las personas que fueron
reportadas como desaparecidas desde 1968, sin especificar cuántas se han
extraviado por voluntad propia, así como las personas desaparecidas que tienen
relación con un crimen o si se trata de desaparición forzada.
Desde 2006, la entidad que se presenta mayor índice de
desapariciones es Tamaulipas, seguida del Estado de México y posteriormente
Jalisco. El Estado de México tiene mayor índice de mujeres desaparecidas o no
localizadas.
Por otro parte, la Ley Federal de Declaración Especial de
Ausencia para Personas Desaparecidas expedida para los casos de violaciones a
derechos de los desaparecidos y de sus familiares, permite la protección del
patrimonio de la persona desaparecida y determina plazos para que pueda acceder
a sus pertenencias. Garantiza la conservación de la patria potestad y
protección de los derechos y bienes de los hijos menores de edad.
La figura legal de Declaración
Especial de Ausencia prevista en la referida ley, hace posible que las
personas desaparecidas beneficiarias de un régimen de seguridad social,
derivadas de una relación de trabajo, sigan gozando de los beneficios. En el
ámbito laboral también protege los derechos de los desaparecidos, ya que
establece que su situación sería equivalente a contar con un permiso sin goce
de sueldo. En el supuesto de que la
víctima desaparecida fuera localizada con vida, el patrón la reinstalará en su
mismo puesto con todos sus derechos.
Documento completo:
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jueves, 13 de febrero de 2020
lunes, 10 de febrero de 2020
Circulan en nuestro país alrededor de 18 millones de autos chocolate, asegura AMIA
- En 10 meses se importaron más de 127 mil vehículos provenientes de Estados Unidos y Canadá.
- Parque vehicular agudizó su deterioro por apertura indiscriminada de 8 millones de unidades “chatarra”.
- Principal fuente de contaminación en zonas urbanas proviene del transporte, afecta sistema respiratorio, nervioso y cardiovascular.
El sector transporte es uno de los de mayor impacto para
el medio ambiente con las emisiones de gases de efecto invernadero en México,
problema agudizado con la importación de vehículos de manera ilegal a nuestro
país, por lo que es momento de implementar acciones eficientes al respecto,
debido a que según un estudio de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos, la contaminación del aire podría costarle al mundo 2.6
billones de dólares cada año.
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
presenta la Carpeta informativa número 131. Apuntes
acerca de los vehículos de procedencia extranjera ilegal en México, expone
el tema de los autos chocolate y las
consecuencias ambientales, económicas y fundamentalmente contra la salud de la
población debido a la permanencia de estas unidades en nuestro país.
Al mismo tiempo, se dan a conocer algunas cifras sobre la
importación ilegal de vehículos. El documento menciona los principales contaminantes
agresivos para el medio ambiente y el ser humano como resultado de la
existencia de un parque vehicular deteriorado que permanece en territorio
nacional.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz (AMIA) desde 1992, los autos
chocolate oscilaban entre los 600 y 700 mil unidades, para 2001 se estimó
una cifra de 2.5 millones, en 2012 fueron alrededor de 6 millones de unidades,
en 2015 aproximadamente 7.5 millones de
vehículos extranjeros en nuestro país que entraron de manera ilegal. En la
actualidad, se considera que existen 18 millones.
En un solo un año, en 2014, habían sido importados
ilegalmente alrededor de 52 mil 839 vehículos, en tanto que en el mismo mes de
2015 alrededor de 15 mil unidades entraron al país fuera de toda normatividad.
Mientras que las ventas internas recuperaron presencia.
Asimismo, del año 2004 a 2010 se estimó un incremento
neto de 5 mil 873 autos usados importados, 5 mil 972 autos nuevos y 3 mil 594
chatarrizados, lo que elevó el parque vehicular a más de 20 mil unidades para
2010.
En el año que transcurrió 2019, de enero a octubre, se
importaron 127 mil 670 autos chocolate provenientes
de Estados Unidos y Canadá, lo que significa un incremento de 10.3 por ciento
respecto al mismo periodo del año pasado,
más de 11 mil unidades.
Con base en estimaciones de la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en promedio las emisiones dañinas de vehículos
de 10 años o más de antigüedad son más altas que las de modelos recientes, el
monóxido de carbono, por ejemplo, es
tres y cuatro veces más nocivo.
El 69 por ciento de vehículos importados de octubre de
2005 a julio de 2008 correspondió a unidades más contaminantes, con emisiones
mayores de dióxido de carbono altamente nocivo para la salud de la población.
El deterioro del parque vehicular en México se agudizó
como consecuencia de una apertura indiscriminada a casi 8 millones de vehículos
chatarra provenientes de Estados Unidos, por lo que diversas asociaciones del
sector automotriz insisten en ordenar la
importación de vehículos usados, debido al impacto en la en la economía de este
rubro y al medio ambiente que generan vehículos con más años de antigüedad. En
México, por ejemplo, la edad promedio del parque vehicular ligero es de 13 años.
Sin duda, los efectos ambientales de las emisiones
contaminantes de vehículos automotores se relacionan directamente con el cambio
climático a nivel mundial debido a los gases de efecto invernadero, la
acidificación del sueño y de las aguas superficiales.
Un estudio de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos destaca que la
contaminación del aire podría costarle al mundo 2.6 billones de dólares al año
o uno por ciento del PIB mundial, cuyos costos son el resultado de los días de
enfermedad, gastos médicos, así como de la reducción de producción agrícola.
Documento completo:
jueves, 6 de febrero de 2020
Nuevo diseño del Fondo Metropolitano en PEF 2020 para reordenar y atender necesidades de megalópolis
- Se requiere visión a largo plazo en asignación
de recursos provenientes del Fondo Metropolitano
En
el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 se parte de la idea
de que es prioritaria una nueva forma de diseñar el Fondo Metropolitano en sus
alcances, objetivos, cobertura y criterios de financiamiento para atender la creciente
necesidad de recursos de las 74 zonas metropolitanas en el país, que reúnen 416
municipios, con una población total de casi 70 millones de habitantes, es decir,
62 por ciento del total nacional.
El
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública da a conocer Reporte CESOP, núm.128.
PEF 2020, expectativa de desarrollo, educación pública, sector energético, desarrollo
sustentable y cultura. Ofrece cinco temas vinculados al Presupuesto de
Egresos de la Federación de este año. En el tercero de ellos se proporcionan datos
sobre el Fondo Metropolitano respecto a la delimitación de las zonas urbanas del país.
El
artículo: ¿Fondos metropolitanos para reconocer
o para funcionar? explica que el crecimiento desordenado de las ciudades en
nuestro país implica un rebasamiento de límites jurisdiccionales, municipales y
estatales, donde se localizan terrenos riesgosos y construcciones precarias con
insuficiencia de infraestructura de servicios básicos.
Señala
que el fenómeno metropolitano se sitúa en un proceso de aglutinación y de
interconexión, no obstante, las metrópolis en México tienen una distribución no
homogénea, compuestas de características diversas.
De
acuerdo con el número de habitantes, hay cuatro zonas metropolitanas que
rebasan todos los parámetros: la del Valle de México, con más de 20 millones;
Guadalajara 4.5 millones, Monterrey con una población de 4.2 millones de
habitantes y la de Puebla- Tlaxcala, con dos millones.
Resalta
que la importancia de las urbes en el país propició el primer presupuesto para
el financiamiento de obras en esas zonas en 2006, de 1,030 millones de pesos,
para cubrir proyectos de impacto ambiental enteramente al Valle de México.
En
febrero de este mismo año quedó conformado el fideicomiso del Fondo
Metropolitano, con el propósito de financiar proyectos que impulsarían la
actividad económica y la productividad de las zonas metropolitanas para
promover la consolidación urbana y aprovechar las ventajas competitivas.
A
partir de las reglas de operación del Fondo Metropolitano, se hizo énfasis en
la delimitación de las zonas, por ello su objetivo es planear respecto a la infraestructura
y desarrollo urbano.
El
artículo resalta además, que la población mexicana está congregada en áreas
metropolitanas desde las últimas décadas. El país no sólo abandona el campo
como modo de vida, sino que pasó a los ámbitos periurbanos y urbanos, citadinos
para convertir las ciudades medias en concentraciones, con características de
zonas metropolitanas, por ello la urgencia de tener una visión a largo plazo en
la asignación de recursos provenientes del Fondo Metropolitano.
Documento completo:
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martes, 4 de febrero de 2020
Persisten carencias en sector educativo, asignación de recursos en PEF 2020 limitada
- En 2020 recursos por 324 mil 712 millones de pesos a educación
- Incremento de 5.43% con relación a 2019
En el
Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 existen acciones para cumplir con
las obligaciones adquiridas por la reforma educativa, incluso la administración
actual pretende una transformación del sistema educativo nacional para que este
sector sea incluyente, equitativo y de calidad, no obstante, la asignación de
recursos para los diversos programas es limitada.
El
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta Reporte CESOP número
128, PEF 2020, expectativa de desarrollo,
educación pública, sector energético, desarrollo sustentable y cultura. A
través de cinco artículos se proporciona información relevante de la asignación
de recursos a diferentes áreas estratégicas del país, como el sector educativo,
mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación, tema abordado en el ensayo
titulado: Breve revisión del presupuesto
destinado a la educación pública en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2020.
El
artículo destaca que existen avances en el tema educativo de nuestro país, pero
al mismo tiempo prevalecen profundas carencias, debido a que la forma en la
cual se ha intentado dar solución ha sido poco eficiente. Cuando se observa el
gasto promedio en dólares por alumno en edad de educación básica, nuestro país
se mantiene en los últimos lugares.
En
comparación con Suecia, Noruega y Estados Unidos que se sitúan en los primeros
lugares con mayor gasto por alumno en 2016, que prácticamente duplican el gasto
ejercido en México, que es poco más de 64 mil dólares contra 127 mil dólares en
la Unión Americana.
En el
proyecto de Presupuesto de Egresos para 2020, el Ejecutivo contempló una asignación
al Ramo 11 de Educación Pública por 324 mil 712 millones de pesos 616 mil 298
pesos, lo que representa 28.68 por ciento del total asignado a ramos
administrativos y corresponde el 5.33 por ciento del gasto neto total.
A
través del PEF 2020 se deberán cubrir los cambios institucionales promovidos
por la Reforma Educativa, impulsada por el actual titular del Poder Ejecutivo,
entre los que se encuentran recursos para la estrategia nacional de mejora de
escuelas normales, que incluye mejoras en infraestructura y equipamiento, así
como destinarse recursos para poner en marcha la Carrera de Maestras y Maestros
en sus funciones docentes, entre otras acciones en favor de la educación.
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