En México más de dos millones de niños, niñas y adolescentes realizan trabajos no permitidos y peligrosos

 

 

·       Frente a pandemia incremento de pobreza y trabajo infantil

·       Más niños se emplean para ayudar a economía familiar

·       En trabajo doméstico,1.5 millones en malas condiciones

·       Presentan varias entidades tasa de ocupación no permitida

 

En nuestro país más de dos millones de niños, niñas y adolescentes realizan actividades no permitidas y peligrosas. Frente a la pandemia del Covid-19, se estima que la pobreza podría incrementarse hasta 14 por ciento, por lo que es importante resaltar el señalamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que estima que cuando la pobreza aumenta uno por ciento, el trabajo infantil lo hace al menos en 0.7 por ciento; ya que éste crecería en 10% hace más vulnerables a los menores al emplearse para contribuir en la economía familiar.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta en su edición En Contexto, Trabajo infantil, el propósito de esta investigación es examinar este problema, el cual se ha generalizado en el mundo y del que no escapa nuestro país, por lo que el estudio conceptualiza el tema, aborda las causas y consecuencias, asimismo da a conocer datos importantes al respecto y en el caso de México aporta cifras relevantes del fenómeno por cada entidad.

Del total de niños que realizan quehaceres domésticos, 1.5 millones los hacen en condiciones no adecuadas; de ellos 36 por ciento realiza quehaceres domésticos en horarios prolongados y 64 por ciento en condiciones peligrosas.

La investigadora Karen Nallely Tenorio Colón en la edición de En Contexto asegura que existen diferencias entre las formas de trabajo realizadas por los niños, debido a que no todas las tareas que desempeñan deben ser clasificadas como trabajo infantil y agrega que las actividades consideradas positivas son las que no ponen en riesgo la salud de los menores y su desarrollo personal, así como las que no interfieren en su escolarización como el prestar ayuda a sus padres en las labores del hogar o que colaboren en un negocio familiar.

El trabajo infantil se define como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, el cual resulta perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Entre las peores formas de trabajo infantil están la esclavitud, el reclutamiento forzado, la prostitución, la trata, la obligación de realizar actividades ilegales o la exposición a cualquier tipo de peligros. 

Algunas de las causas del trabajo infantil son la pobreza en las familias, el que niños estén solos, la falta de acceso a educación, así como también el tráfico de menores, lo que propicia que muchos de ellos sean explotados en fábricas, sean forzados a trabajar en la agricultura, en las calles o en la minería con los riesgos que ello conlleva.

El trabajo infantil genera graves consecuencias que repercuten en el desarrollo físico y emocional de los niños que lo sufren. Entre las consecuencias físicas están las enfermedades y dolencias crónicas, desnutrición, cortes y quemaduras por el manejo de herramientas y maquinaria inadecuadas para su edad.

La Encuesta Nacional del Trabajo Infantil (ENTI) elaborada por el Inegi resalta que de octubre a diciembre de 2019 hubo un total de 132.8 mil menores en ocupación permitida y 2.0 millones en ocupación no permitida. Entre los niños en ocupación no permitida, 44% se encuentra debajo de la edad mínima y 56% en ocupaciones peligrosas.

La tasa de ocupación no permitida se refiere al porcentaje de la población de 5 a 17 años que lleva a cabo actividades económicas que no están permitidas por la ley y ponen en riesgo la salud, afectan el desarrollo físico y mental. No obstante, de acuerdo con la ENTI, la tasa de ocupación no permitida a nivel nacional ha presentado un decremento desde 2007, de 12 a 7 por ciento en 2019.

Por entidad federativa, en 2019 los estados con la mayor tasa de ocupación no permitida fueron Oaxaca (14.9%), Puebla (12.6%), Chiapas (11.9%) y Michoacán (11.5%). En tanto que, las entidades con la menor tasa de ocupación no permitida fueron: Coahuila (3.9%), Nuevo León (3.5%), Baja California (3.4%), Ciudad de México (3.1%) y Baja California Sur (3.1%).

Documento completo: https://bit.ly/3AbkCLb

 

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Elecciones canalizan conflictos de modo seguro hacia escenarios constitucionales

 

 

·       Manifestaciones dejan de ser forma de influir en asuntos públicos

·       Proceso electoral federal 2020-2021 ejemplo de esa nueva etapa

·       Estudios permiten analizar fenómenos electorales, variables-resultados

·       Participación ciudadana busca supervisar uso y administración de recursos

 

En la actualidad las elecciones tienen un papel clave en la escala de la ideología, debido a que canalizan los conflictos de forma segura hacia los escenarios constitucionales, por lo que las manifestaciones dejaron de ser la manera más importante de la ciudadanía de influir en los asuntos públicos.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta la Carpeta informativa número 177 Elecciones y votantes 2021 con el propósito de analizar algunos aspectos relevantes del Proceso Electoral 2020-2021 por medio de la participación ciudadana, así como resaltar la importancia de los estudios electorales en la geografía política.

El proceso electoral federal del pasado 6 de junio del año en curso en nuestro país, el cual permitió elegir a los integrantes de la Cámara de Diputados, 300 por el principio de mayoría y 200 por vía plurinominal, además de la elección de 15 gubernaturas y alrededor de 20 mil cargos entre diputaciones locales, sindicaturas, regidurías y concejalías, representa un claro ejemplo de que existen otros modos de participación ciudadana, no sólo por medio de las manifestaciones.

La participación de la población en las elecciones es importante porque los ciudadanos pueden controlar de alguna manera el poder, uso y administración de los recursos que ejercen los representantes políticos y funcionarios públicos.

Durante 1994 y 2000 se impulsaron algunos cambios radicales en la hechura de las políticas públicas entre ellas la reforma electoral de 1996, que posibilitó la realización de comicios altamente competitivos a nivel federal, lo cual derivó en un registro alto de participación, ya que el Instituto Federal Electoral (IFE) ahora Instituto Nacional Electoral (INE) admitió la gestión autónoma y los consejeros ciudadanos.

A su vez, la relevancia de los estudios electorales es importante mencionar debido a que se insertan en una rama de la geografía política que permite analizar desde distintas perspectivas los fenómenos electorales como: el cambio en los resultados electorales entre un lugar y otro; las diferencias entre una escala geo-electoral respecto a otra, la relación entre distintas variables económicas y sociales con la inclinación política o simplemente algunos patrones de comportamiento.

En los estudios electorales se consideran como factores espaciales todos los elementos que pudieran incidir, en mayor o menor grado en la orientación y decisión del voto de los ciudadanos. Además, estos análisis permiten examinar las relaciones entre el espacio, política y conducta de la sociedad. En el espacio se pueden identificar variaciones entre un lugar y otro a la hora de estudiar las votaciones y la aprobación o rechazo hacia un partido político e incluso el fenómeno del abstencionismo ciudadano.

Resultados electorales

Los resultados del proceso electoral federal 2020-2021 celebrado en todo el territorio mexicano el pasado 6 de junio revelan que hubo una participación ciudadana del 52.67 por ciento, obtenida a partir del número de personas registradas en la Lista Nominal de las Actas Computadas.

Como parte del resumen de resultados de la votación se tiene un total de 48,874.040 votos que representan el 100 por ciento. De ellos, poco más de 47 mil resultaron votos acumulados (96.51%); en total 41,597 corresponden a candidaturas no registradas (0.08%).

Se tuvo un total de 1,662,323 clasificados como votos nulos (3.4%). El número total de actas computadas, según el tipo de ubicación de casillas fue de 109,338 ubicadas en casillas urbanas y 54,328 en casillas rurales, debido a que la mayoría de la población vive en zonas predominantemente urbanas.

Es necesario destacar que hoy en día la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados no está totalmente conformada debido a que el proceso de asignación plurinominal no ha concluido oficialmente.

Documento completo: https://bit.ly/3C89Ozt

 

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Valle de México encabeza lista de metrópolis con suburbios empobrecidos

 

 

·       En territorio nacional hay 74 zonas metropolitanas

·       Ahora con más de 80 millones de habitantes

·       Conglomerados con falta de servicios en viviendas

·       Cuatro metrópolis de muy alta concentración poblacional

 

El Valle de México figura en la lista de ciudades de nuestro país con alta concentración de población, la cual se ha expandido de forma desordenada y alberga a los suburbios empobrecidos y grandes, con insuficiencias de habitabilidad y falta de servicios básicos por su localización en terrenos de riesgo o debido a sus construcciones precarias.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta la Carpeta informativa número 175 ¿Cómo se vive hoy en las metrópolis mexicanas? La investigación tiene el propósito de analizar el fenómeno de la metropolización en México, así como el surgimiento y principales características. El estudio da a conocer datos estadísticos importantes de las cuatro zonas metropolitanas más pobladas en el país, de acuerdo con diversas variantes.

En 2020 las metrópolis reúnen más de 80 millones de habitantes, 63 por ciento del total nacional, la importancia de estudiar estas zonas del país se debe a que son territorios de alta diversidad y una de las principales características es la fuerte desigualdad y marginación de sus habitantes, así como la falta de recursos para el desarrollo.

Las metrópolis representaron una fase de expansión territorial de las ciudades pequeñas o medianas, como también procesos de interconexión o de franca fusión con todas las características de desorden y conflicto que ello provocaría.

La concentración de población en territorios extensos fue el primer indicio del nacimiento de las metrópolis, las cuales por su expansión desordenada registraron un desborde de los límites jurisdiccionales sea municipales o estatales. El Valle de México figura en la lista de metrópolis que registraron un proceso de expansión territorial y actualmente aloja a los suburbios empobrecidos más grandes.

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, existen en territorio nacional 74 zonas metropolitanas que comprenden 417 municipios. Las metrópolis se han constituido en conglomerados de gran variedad poblacional, así como en espacios de concentración de diferencias y estadísticamente diversos.

Existen cuatro zonas metropolitanas de muy alta concentración poblacional, de mayor a menor son el Valle de México, Monterrey, Guadalajara y Puebla- Tlaxcala que reúnen 27 por ciento de la población total del país.

La metrópolis del Valle de México tiene una población total de 21 millones 804 mil 515. Más del 31 por ciento de los habitantes no cuenta con derechohabiencia, es decir, que 6,778,925 personas no gozan de ese derecho. Asimismo, el 1.8 por ciento de la población de 15 años y más es analfabeta, alrededor de 307,033 personas se encuentran en esta condición.

En el Valle de México además 4.9 por ciento de la población tiene discapacidad, es decir, 1,074,244 personas. El 1.2 por ciento de la población de 12 años y más está desocupada, es decir, 252,617 personas.

Zona metropolitana de Monterrey

Por otra parte, la metrópolis de Monterrey cuenta con una población de más de 5 millones. El 19 por ciento sin derechohabiencia. Entre la población de 15 años y más, 1.3 por ciento es analfabeta. Con discapacidad el 3.7 por ciento. De la población de 12 años y más, el uno por ciento está desocupada.

Metrópolis de Guadalajara

La zona metropolitana de Guadalajara tiene una población total de 5 millones 268 mil 642, el 30 por ciento de los habitantes sin derechohabiencia. De la población de 15 años y más 1.8 por ciento es analfabeta; el 4.3 por ciento tiene discapacidad. De la población de 12 años y más 0.8 por ciento está desocupada.

Metrópolis Puebla-Tlaxcala

La zona metropolitana Puebla-Tlaxcala cuenta con una población total de 3 millones 199 mil 530. El 30.9 por ciento sin derechohabiencia; 2.8 por ciento de la población de 15 años y más es analfabeta, el 3.7 por ciento de la población con discapacidad y 1.1 por ciento es población de 12 años y más desocupada.

Documento completo: https://bit.ly/3zc9xZG

 

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México entre 121 países comprometidos en alcanzar emisiones netas cero de carbono para 2050

 

 

·       Hay posibilidad de frenar calentamiento global con energías limpias

·       Economías que aportan 49% del PIB con metas de neutralidad de carbón

·       Alrededor de 7,000 corporaciones comprometidas a favor del planeta

·       Empresas de varios sectores son generadoras de energía verde

 

México se encuentra entre las 121 naciones comprometidas en alcanzar emisiones netas cero de carbono para contener el calentamiento global, fenómeno cuya causa principal es la emisión de gases de efecto invernadero, por lo uno de los mayores retos de los países firmantes del Acuerdo de París es controlar el aumento de la temperatura del sistema climático de la tierra para 2050.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta la Carpeta informativa número 176. Tendencia en países, ciudades y el sector privado hacia las emisiones netas cero. Con el propósito de abordar la problemática del calentamiento global y el compromiso de diversos países para evitarlo, así como los planteamientos y alternativas de solución de diversos organismos internacionales.

Los 121 países que han suscrito un compromiso de neutralidad con sus emisiones para frenar el calentamiento global no representan ni el 25 por ciento de total de los contaminantes del planeta, mientras que sólo China emite más de esa cifra y aun así detrás de Estados Unidos con el peor desempeño en ese rubro en el mundo.

No obstante, la Organización de las Naciones Unidas afirma que es viable el compromiso entre los países firmantes del Acuerdo de París de contener las emisiones para frenar el aumento de la temperatura en 1.5° centígrados en 2050, porque existe tecnología que se puede conseguir para ese propósito.

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático del mismo organismo internacional puntualiza que existe 50 por ciento de probabilidad de mantener a raya el calentamiento global si se alcanzan emisiones netas cero en 2050 por medio de energías limpias en reemplazo de los contaminantes fósiles como el carbón, gas y petróleo.

Agrega que en la actualidad se estima que las economías que aportan 49 por ciento del producto interno bruto (PIB) global cuentan con una meta de neutralidad de carbón.

El Foro Económico Mundial destaca que alrededor de 7,000 corporaciones tienen algún tipo de compromiso ambiental que se dirige a un objetivo de emisiones netas cero, aunque este número no es significativo si se piensa en la existencia de millones de empresas en el mundo.

Por otra parte, existen empresas de diferentes sectores: ropa, servicios financieros y de seguros, transportación aérea, alimentos y bebidas, servicios de impresión y fotográficos, automotriz, construcción, electrónica y computación, farmacéutica, entre otras, que ya han adquirido compromisos en documento para cumplir metas de neutralidad en generación de carbón a partir del 2025. Asimismo, tienen planes de acción y están en proceso de definición de sus objetivos en favor del medio ambiente.

En la Carpeta informativa número 176 del CESOP se ofrece una lista de más 30 corporaciones con metas de neutralidad en la generación de carbón como: Adidas, Canon, AXA Group, For Motor, Lenovo, Wal-Mart, Bayer y Astra- Zéneca, entre otras.

Otras empresas como Appel, del ramo de la tecnología y telecomunicaciones; Starbucks, del sector restaurantes y cafetería; Johnson & Johnson, del cuidado de la salud, entre tantas otras, son generadoras de energía verde ya sea solar, eólica, o hídrica.

Documento completo: https://bit.ly/3w473uq

 

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Existe fragmentación en acceso a beneficios de programas sociales: Coneval

 

 

·       Propone conformar sistema de protección social universal

·       Reforzar esquemas de salud preventiva para evitar costos futuros

·       Programa para Jefas de Familia contrasta con diversos principios

 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) al presentar importantes hallazgos derivados de la Evaluación Estratégica de Política Social 2018 puntualiza que existe fragmentación en el acceso a los beneficios que ofrecen los programas sociales, por lo que propone conformar un sistema de protección social universal.

Afirma que la imposibilidad de acceder a la seguridad social constituye la incidencia más alta en la medición multidimensional de la pobreza, incluso datos de 2016 revelan que más del 55 por ciento de la población, que equivale a 68.4 millones de personas carecen de acceso a la seguridad social.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública da a conocer su publicación en Contexto: Programa Seguro de Vida para las Jefas de Familia (PSVJF). La investigación examina a detalle dicho programa, así como los resultados de su gestión para mejorar las condiciones y derechos de las mujeres en su desempeño como jefas de familia, al tomar en cuenta que la participación de ellas en el mercado laboral crece aceleradamente, así como también aumentan las dificultades para garantizarles la debida protección social.

La Evaluación Estratégica de Protección Social en México revela que a partir de la década de 1980 aumentó la participación femenina en el sector laboral, se conformó por mujeres mayores con hijos y escaso nivel de escolaridad que sólo les permitía colocarse en empleos precarios e informales en el sector del comercio y servicios.

Ante esa situación, en 2013 se implementa el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia (PSVJF) a fin de ampliar el acceso a la seguridad social para las jefas de familia que viven en condiciones de vulnerabilidad expuestas a padecer enfermedades graves que, en caso de fallecer, ello afecta a las hijas e hijos que sin el sustento materno se ven obligados a abandonar sus estudios.

En la evaluación del citado programa se detectó que, aunque identifica el problema al que se enfrentan las jefas de familia sin acceso a la seguridad social, contrasta con diversos principios de la Política de Desarrollo Social como el de justicia distributiva, integralidad y transparencia. Además, de que desde su creación no contó con estructura orgánica ni procesos de evaluación de desempeño.

 El 2 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto el decreto por el que se ordena la extinción de los fideicomisos públicos, en donde se encuentra contemplado el fideicomiso del PSVJF y para dar continuidad a la población en situación de orfandad materna ya registrada, se incorpora al Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños de Madres Trabajadoras.

A partir de la Evaluación Estratégica de Protección Social 2018, el Coneval recomienda avanzar hacia un esquema de protección social que contribuya al ejercicio efectivo de los derechos sociales, integrado institucionalmente, que tenga cobertura para toda la población, con instrumentos para enfrentar riesgos de largo y corto plazo. Además, propone reforzar esquemas de salud preventiva no para reducir la morbilidad, sino para evitar costos curativos futuros.

Refiere que las políticas de desarrollo social no están asociadas a derechos. Incluso se entregan beneficios diferentes a personas con riesgos similares. Respecto a la coordinación entre entidades y dependencias para entregar beneficios a la población vulnerable y en condiciones de pobreza, plantea la necesidad de reforzarla.

Documento completo: https://bit.ly/3hnrqip

 

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Evaluar deficiencias de control interno y centrar auditorías en programas de alto riesgo propone OCDE

 

 

·       ASF puede perfeccionar estrategia para responder eficazmente

·       Es posible que SNF mejore y aumente rendición de cuentas

·       Propone Transparencia Mexicana otras medidas para fiscalizar

 

En un estudio sobre el Sistema Nacional de Fiscalización en México, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) propone evaluar las deficiencias en materia de control interno y centrar las auditorías en los programas de alto riesgo a principios del año fiscal, así como en la ejecución de los programas, a fin de aumentar el valor de los informes para el proceso de toma de decisiones presupuestales.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública da a conocer el Documento de trabajo número 349: La fiscalización superior en México. Avances y retos, con el propósito de examinar el proceso de fiscalización superior en nuestro país y destacar el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación, así como presentar algunos de los desafíos y propuestas para mejorar la eficacia en tan relevante tema.

La misión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es fiscalizar la Cuenta Pública mediante auditorías a los tres Poderes de la Unión, órganos autónomos, entidades federativas y municipios del país, así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales para evaluar los resultados de la gestión financiera y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos y el cumplimiento se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales.

Asimismo, la fiscalización busca promover las acciones o denuncias correspondientes para imponer las sanciones administrativas y penales, derivado de las auditorías e investigaciones.

La OCDE, de acuerdo con el análisis del Sistema Nacional de Fiscalización en México, señala que la ASF podría perfeccionar su estrategia para responder eficazmente a un mandato más amplio y controlar el riesgo de extralimitarse en el uso de sus atribuciones.

El Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) puede corregir deficiencias jurídicas, de política pública y aplicación, así como atender retos para mejorar su funcionamiento y aumentar la rendición de cuentas, señala.

En este contexto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos propone simplificar los procedimientos de auditoría para los órdenes subnacionales de gobierno, con el propósito de reducir al mínimo la duplicación y mejorar la supervisión de las participaciones y recursos transferidos a entidades federativas y municipios.

A su vez, Transparencia Mexicana, México Evalúa y el Tecnológico de Monterrey plantean 15 puntos para mejorar la fiscalización del gasto público en México. Los agrupan en tres temas: independencia política y rendición de cuentas de los órganos de fiscalización superior; fiscalización superior transparente y efectiva; fiscalización superior con efectos anticorrupción y reducción de la impunidad.

Entre las principales propuestas se encuentran: Incorporar el enfoque de investigación al trabajo del órgano de fiscalización en todas sus etapas para la detección de redes de corrupción.

Consideran fundamental que se informe a detalle sobre la situación legal que guardan las denuncias que presenta ante las fiscalías generales de la República o generales en las entidades federativas, su resultado y acciones legales que ha realizado el órgano fiscalizador con motivo de dichos resultados.

Así como también que el trabajo de fiscalización esté estrechamente vinculado al de los órganos legislativos para corregir los problemas de política pública que las auditorías revelan y evitar destinar recursos públicos adicionales a rubros presupuestales donde sistemáticamente se detecten problemas de corrupción.

Documento completo: https://bit.ly/3wYl520

 

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Subcontratación en México permite a empresas reducir hasta 50 por ciento costos por evasión

 

·       Simulación de relaciones laborales para evitar pago de impuestos

·       Omisión de registro de trabajadores ante el IMSS e Infonavit

·       Nula participación de empleados en utilidades de empresa

 

La subcontratación en nuestro país ha permitido a las empresas que la emplean reducir hasta en 50 por ciento sus costos mediante prácticas de evasión fiscal. El patrón subcontrata los servicios de una empresa que provee los trabajadores y mediante estos convenios simulan relaciones laborales, a fin de evitar o reducir artificialmente el pago de impuestos, prestaciones de previsión social o derechos laborales.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta el Documento de trabajo número 348: Prácticas ilícitas y propuestas legislativas en torno al outsourcing o trabajo subcontratado, con el propósito de exponer las diversas implicaciones del uso ilegal de la subcontratación con afectación de los trabajadores contratados bajo esta modalidad laboral y en beneficio de las empresas que violentan la ley al usar recurrentemente esta práctica.

Mediante la subcontratación o también llamado outsourcing, las empresas contratistas han implementado formas de evasión y/o elusión de obligaciones y responsabilidades laborales, como la omisión del registro de los trabajadores ante el IMSS, Infonavit y el SAT, con lo que se evitan los pagos respectivos, aunado a la omisión de pagos por previsión social como la participación de los trabajadores en las utilidades.

Respecto a los efectos de la subcontratación ilegal  para evadir obligaciones en materia de Infonavit, se debe tener presente que al cierre de 2019 existía en el país un total de 1 millón 023 mil patrones obligados al pago de cuotas patronales en materia de vivienda, de los cuales 86 por ciento cumplieron de manera oportuna con tales aportaciones y otros 370 mil incluso cumplieron de forma óptima con el pago de las referidas cuotas, al pagar en su conjunto las aportaciones para casi 21.6 millones de trabadores.

Del total de esos trabajadores, cerca de 4.2 millones tienen actualmente un crédito con el Infonavit y para fines de 2019 las aportaciones patronales a dicha institución ascendieron a 247 mil millones de pesos, cantidad 7.5 por ciento superior a la registrada en 2018.

En tanto que las consecuencias para los trabajadores del uso de la subcontratación y de la evasión de obligaciones en materia de vivienda han sido señaladas por el propio Infonavit. Asegura que debido al retraso o incluso eliminación del acceso al crédito respectivo, los trabajadores tardarían más o nunca podrían calificar para tener acceso a un crédito de vivienda, ya que por tales causas la mencionada institución ha dejado de colocar cerca de 46 mil créditos anuales, cantidad que representó alrededor de 13 por ciento de los créditos colocados en 2019.

Otras de las consecuencias de la subcontratación que afecta a los trabajadores por la evasión de obligaciones relacionadas con el Infonavit, se traducen en un menor ahorro para el retiro por cada empleado afectado y la elevación de la incidencia de la cartera vencida por inestabilidad laboral.

Las empresas que usan el outsourcing recurren al despido masivo de trabajadores, lo que se da en las últimas semanas del año para que a los empleados no les sean cubiertos sus respetivos aguinaldos o sus primas vacacionales.

Otra formas de incumplimiento empresarial son las  vinculadas a la retención y pago del Impuesto Sobre la Renta, así como otros conceptos complementarios: contravenciones tributarias en los rubros gratificaciones, tiempo extraordinario y pagos por días de descanso trabajados, indemnización por riesgos o enfermedad, jubilaciones, pensiones, haberes del retiro y pensiones vitalicias, reembolso de gastos médicos y otros fondos de ahorro, primas de antigüedad, primas vacacionales, dominicales, entre otros conceptos.

En la investigación incorporada en el Documento de trabajo número 348, denominada “Evasión del ISR en sueldos y salarios”, de la Universidad Autónoma de Chapingo, se destaca el incumplimiento del pago del ISR de nómina por 21.4 mil millones de pesos en 2017, incluyendo la evasión por outsourcing.

De acuerdo con los datos de la Universidad de Chapingo, el total de cuentas individuales involucradas en actos de evasión fiscal en materia de sueldos y salarios en el periodo aludido incluyen la evasión por outsourcing, rebasa los 6.1 millones y que 72 por ciento de esas cuentas evade menos de 2,000 pesos anualmente.

Documento completo: https://bit.ly/35zXwkd

 

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