viernes, 13 de diciembre de 2019

Outsourcing usado como estrategia para evadir impuestos y afectar derechos laborales por contratos ficticios

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  • Diputados de la LXIV Legislatura proponen modificar ley laboral para proteger a trabajadores bajo régimen de subcontratación.


En los últimos dos años alrededor de 71 mil 441 contribuyentes utilizaron la subcontratación laboral o también llamado outsourcing como medida de planeación fiscal para obtener posibles beneficios de forma indebida o no, a través de un esquema de negocios que cumplía con las disposiciones legales, según datos del Servicio de Administración Tributaria que menciona la empresa de consultoría especializada KPMG.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta En contexto La subcontratación laboral en el marco de la nueva legislación del trabajo, con el propósito de aportar información en el estudio del fenómeno de outsourcing, cuya modalidad de contratación ha afectado los derechos de los trabajadores, al no contar con un contrato laboral por escrito y carecer de seguridad social ellos y sus familias.

La empresa de consultoría KPMG opina que la subcontratación laboral no debe verse como una maniobra para reducir artificialmente el número de trabajadores contratados y simular contratos ficticios o evadir el pago de impuestos y contribuciones sociales.

Considera que para el sector empresarial, la subcontratación de servicios de personal puede reflejar ahorros significativos y cargas administrativas menores, no obstante, este esquema pone en peligro el cumplimiento regulatorio con afectaciones al fisco y al trabajador, principalmente en sus prestaciones laborales de seguridad social y de vivienda.

La Ley Federal del Trabajo (LFT), a pesar de normar y limitar el outsourcing no ha logrado controlarlo, por lo que en cinco años se ha elevado 31 por ciento y cerca del 50 por ciento de trabajadores bajo esta modalidad no cotizan en seguridad social.

Para salvaguardar los derechos del trabajador subcontratado, diputados de la LXIV Legislatura han propuesto iniciativas como la del grupo parlamentario de Morena que busca modificar la ley laboral.

La bancada de Morena plantea prohibir y sancionar actos simulados a través del régimen de subcontratación y garantizar los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores que se contraten bajo este régimen, así como obligar a que se celebre un contrato por escrito y se otorgue copia al trabajador.

A su vez, el grupo parlamentario del PT coincide en modificar la Ley Federal del Trabajo y derogar las disposiciones que regulan la materia de outsourcing o subcontratación, los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D.

Asimismo, los grupos parlamentarios del PRI y PAN proponen, a través de una iniciativa de ley, prohibir las contrataciones bajo el régimen de honorarios y la subcontratación de personal. Para ello, plantean adicionar diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de reconocer y garantizar los derechos laborales, proteger el salario y el acceso a la seguridad social del personal que labora en el Congreso de la Unión.

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lunes, 9 de diciembre de 2019

Aumentará delincuencia y violencia en México portación de armas por inseguridad


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  • Participantes de Encuesta Regional Telefónica confían que en próximos 12 meses panorama de inseguridad mejore 


A pesar del clima de inseguridad que prevalece en nuestro país que ha propiciado que en los últimos doce meses una de cada 5 personas haya sido víctima del delito, el 50 por ciento de ciudadanos encuestados en cinco entidades del sur del territorio nacional se pronunciaron en contra de la portación de armas reglamentarias.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta la Encuesta Regional Telefónica: Seguridad, Participación Ciudadana y Migración Entidades de la Frontera Sur, con el fin de contribuir en el estudio y trabajo legislativo de temas relevantes como el de la inseguridad.

Los días 19 y 20 de octubre de este año se realizó el levantamiento de 900  encuestas en las entidades de Campeche, Chiapas, Yucatán, Tabasco y Quintana Roo a personas mayores de 18 años que cuentan con línea telefónica en su vivienda. Mediante un método aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al número de líneas telefónicas.

De la población entrevistada, el 50 por ciento rechazó la idea de que la ciudadanía se arme para hacer frente a la delincuencia, consideró que este tipo de medidas lejos de disminuir el problema lo agravarán.

No obstante, el 42 por ciento del universo encuestado se manifestó a favor de la portación de armas reglamentarias, al argumentar que es la única forma de defenderse de la ola de violencia e inseguridad que prevalece en México.

El ocho por ciento de las personas encuestadas sobre el fenómeno de inseguridad y la posibilidad de llevar un arma como defensa en contra del hampa, dijo que no sabe o no contestó.

Al preguntarle a las personas del sur del país si creen que con la portación de armas por parte de la sociedad disminuirá o aumentará la delincuencia. El 50.6 por ciento opinó que habrá más delincuencia, en tanto que 21.9 por ciento señaló que el estar armado no ayudará para revertir el clima de inseguridad, por el contrario, seguirá igual. El 20.1 por ciento manifestó que armarse podría ayudar contra la delincuencia e incluso disminuirla.
El 7.4 por ciento de los encuestados indicó no sabe o no contestó sobre el referido tema.

Por otra parte, al preguntarles si conocen de algún centro legal de venta de armas de fuego en el país, 87 por ciento señaló que no. Mientras que un 10 por ciento de encuestados aseguró que sí conoce al respecto. Únicamente el tres por ciento de los encuestados a externó que no sabe o simplemente no contestó.

El 27 por ciento de los ciudadanos encuestados espera que en el tema de seguridad en los próximos doce meses el panorama mejore, 4 de cada 10, es decir, 38 por ciento considera que la inseguridad seguirá igual y 33 por ciento siente que este problema empeorará.


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viernes, 29 de noviembre de 2019

Acabar con impunidad e instrumentar acciones contra acoso y hostigamiento en centros laborales: opinan encuestados

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  • No deben tolerarse conductas arbitrarias, urge detectar casos y castigar a responsables 

  • CESOP da a conocer Encuesta telefónica nacional: Prevalencia de la violencia, acoso y hostigamiento

  
Es apremiante contar con mecanismos en los sitios donde se trabaja para reportar oportunamente y que se atiendan los casos de acoso y hostigamiento, afirmaron encuestados, El 65 por ciento de entrevistados considera que esas acciones inadecuadas no deben tolerarse.
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) presenta la Encuesta telefónica nacional,  para  detectar elementos clave que contribuyan al estudio legislativo y a enfrentar el problema de acoso y hostigamiento en los lugares de trabajo. 
El levantamiento de datos fue en la República Mexicana a los adultos mayores de 18 años con teléfono en su vivienda. Fueron 900 entrevistas efectivas de manera aleatoria sistemática estratificada con probabilidades proporcionales al número de líneas telefónicas. Del 6 al 11 de septiembre de este 2019. 
El 28.1 por ciento de las personas entrevistadas cree que la impunidad es el principal  problema que impide dar atención correcta a los casos de violencia, acoso y hostigamiento. Además, aclaran que el personal encargado de atender estas denuncias no demuestra interés en quienes han sido afectados. 
Asimismo, el 22.8 por ciento no tiene confianza en la autoridad encargada de estos asuntos, 12.1 por ciento siente falta de protección al momento de acudir a denunciar y 11.3 por ciento señala repercusiones ante la denuncia como más acoso y amenazas, de ahí que en ocasiones la mejor opción sea el silencio y seguir aguantando estas acciones. 
El 83.3 por ciento de los encuestados expresó que las principales barreras o temores que impiden denunciar casos de acoso u hostigamiento es el temor a represalia de parte de  su agresor.  No obstante, el 59.1 por ciento manifestó su confianza en una cadena de mando para atender los casos de violencia en los centros laborales. 
La violencia se ha convertido en una práctica frecuente. Los encuestados afirman que entre los acontecimientos violentos que han padecido en la vivienda, vía pública o en el ámbito laboral destacan: empujones violentos 16.8 por ciento de los encuestados, amenazas de hacer daño físico 15.1 por ciento, cachetadas o golpes con mano abierta 11.6 por ciento, golpes a puño cerrado o patadas 11 por ciento. 
De los resultados de la Encuesta telefónica nacional: Prevalencia de la violencia, acoso y hostigamiento, los entrevistados opinan sobre las graves consecuencias del acoso en la salud y en el empleo. El 65.8 por ciento señala que una de las consecuencias es sin duda el sufrimiento psicológico, 48.3 por ciento afirman que puede ocasionar enfermedades físicas y mentales producidas por el estrés, incluso el suicidio y 34.3 por ciento dice que puede presentarse un deterioro de las relaciones sociales y cambios de comportamientos de afectados, 25.7 riesgo de pérdida de trabajo y 23.8 baja productividad laboral y hasta accidentes un 3.1 por ciento. 
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martes, 26 de noviembre de 2019

Oportuno revisar reglas económicas impuestas por otras naciones para detener pobreza: Sachs

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Es necesario examinar las reglas del juego económico en la escala global que han impuesto las naciones industrializadas, debido a que se pueden detectar obstáculos en los primeros peldaños de la escalera del desarrollo como ayudas inadecuadas para el crecimiento, barreras comerciales proteccionistas, prácticas financieras desestabilizadoras, así como normas mal estructuradas respecto a la propiedad intelectual. 
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública da a conocer el Documento de trabajo núm.313. Pobreza ¿cómo enfrentarla? Una aproximación teórica, que contiene información sobre cuatro escuelas de pensamiento o propuestas de acción en el combate a la pobreza, en este fenómeno instituciones como el Banco Mundial (BM) son señaladas de ser altamente responsables de haber establecido junto con otros socios (el Fondo Monetario Internacional, entre otros), un sistema financiero global que ha operado justo en sentido opuesto. 
En consecuencia, han surgido diferentes ideologías para detectar una solución a la pobreza, como es el caso del economista estadounidense, Jeffrey Sachs, quien señala que en la escalera del desarrollo económico, en la cual los países debieran ascender, se sitúa la pobreza en el primer escalón. 
No obstante, afirma el profesor, que existen países en condición de pobreza que ya comenzaron a subir ese peldaño como la India y Bangladesh, pero hay otros que permanecen estancados, sin que puedan dar el primer paso en la escalera del desarrollo económico, hay diferentes ejemplos al respecto en África. 
Asegura que la falta de crecimiento económico se explica en la misma  pobreza, ya que ésta incuba corrupción y acciones retrógradas, por lo que si se comparte la visión de la necesidad del desarrollo para erradicar la pobreza, se incurría en una espiral negativa sin salida, aunque, dice que esta apreciación proviene de una visión reduccionista. 
Se refiere además a la llamada trampa fiscal, indica que el gobierno debe impulsar el desarrollo por medio de la inversión en bienes y servicios, aunque es posible que no haga esta tarea por falta de recursos fiscales, lo que explica por falta de pago de impuestos como consecuencia de la pobreza y el poco crecimiento del país, por la mala administración de los recursos, corrupción, y sobreendeudamiento. 
El también director del Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia, refiere que en el fenómeno de la pobreza hay problemas en la maquinaria económica que llegan a entrelazarse. Propone un diagnóstico acertado para definir el problema y remediarlo. El primer caso que aborda  es el de la trampa de la pobreza y está relacionado con el asunto mencionado y vinculado con el desarrollo. 
Entre las soluciones que plantea es la inyección de capital financiero, humano y natural que ha de surgir en los gobiernos locales y centrales o en su defecto del exterior, con el propósito de construir oportunidades.
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martes, 5 de noviembre de 2019

Normar autotransporte de carga para garantizar seguridad carretera, interés constante en Congreso de la Unión

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La seguridad en las carreteras de México se ha convertido en un tema fundamental en la LXIV Legislatura, entre las iniciativas presentadas, se responsabiliza de frecuentes accidentes a los camiones con doble remolque, por el sobrepeso en el vehículo, así como exceso de velocidad y falta de capacitación de choferes.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública expone en Contexto El Transporte de carga en camiones de doble remolque, con el propósito de analizar la inseguridad carretera del país, sus principales causas y dar a conocer la normatividad vigente al respecto. Al mismo tiempo, las diferentes propuestas legislativas para hacer frente a este fenómeno que ha ocasionado 11 mil 873 accidentes en un año, 2017.

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) opina que en la seguridad carretera, es necesario que las autoridades apliquen la regulación existente y la sociedad en general, como el sector industrial contribuyan en el cumplimiento de la ley.

Mientras que el diputado federal del grupo parlamentario de Morena, Francisco Javier Borrego Adame, propuso, mediante iniciativa presentada en diciembre del 2018, prohibir la circulación de camiones con doble remolque en las carreteras mexicanas, por el alto índice de accidentes que provocan. Para ello, planteó adicionar el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte. Incluso, afirma que en Estados Unidos, Canadá y Europa, los vehículos doble remolque ya no circulan.

A su vez, el diputado Samuel Herrera Chávez, de la fracción de Morena, coincide con regular la circulación de vehículos de transporte de carga en carreteras federales y prohibir la circulación de vehículos que excedan el peso y dimensiones establecidas. Lo anterior, a través de una iniciativa de reforma y adiciones a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Con anterioridad, el diputado Arturo Escobar y Vega, del PVEM, conjuntamente con la diputada Erika Mariana Rosas Uribe, de la bancada de Morena, presentaron iniciativa para adicionar el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el fin de prohibir la circulación de autotransporte de carga de doble remolque o que exceda los 25 metros de largo y 45 toneladas de peso total.

Existen opiniones de que un vehículo con mayor carga arruina la cinta asfáltica, genera mayores gastos para mantenimiento de la infraestructura carretera y contamina más. Además, se asegura que esos vehículos llevan un sobrepeso 50 por ciento mayor al que autoriza la Norma Oficial Mexicana y en la Ciudad de México se pone en mayor riesgo a los automovilistas en vías principales como Eje Central, Circuito Interior o la lateral de Periférico.

Asimismo, hay quienes están en contra de sacar de la circulación a los camiones de doble remolque, argumentan que este tipo de transporte daña menos la infraestructura asfáltica, ya que están obligados a transitar por autopistas de cuota.

Es importante estudiar con más detalle este controvertido tema, ya que del autotransporte de carga dependen directa e indirectamente aproximadamente seis  millones de familias, además contribuye con el 3.25 por ciento del Producto Interno Bruto, de acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar).

En 2017, 62 por ciento del total del valor de las exportaciones (254,719 millones de dólares) de México fueron transportadas por carretera y las importaciones representaron 203,866 millones de dólares con 48% del total.
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jueves, 31 de octubre de 2019

Empleo informal, opción de jefas de familia ante insuficientes remuneraciones y falta de capacitación en empresas contratantes

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En México las mujeres encargadas de la economía familiar se han convertido en uno de los sectores más golpeados por bajos salarios, pocas oportunidades laborales y falta de capacitación de empresas contratantes, por lo que el sector informal ha sido una opción de empleo.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta Carpeta informativa núm. 125. Lenguaje incluyente, paridad de género y situación laboral en México, con el propósito de mostrar el fenómeno de desigualdad salarial entre hombres y mujeres en nuestro país. En el documento se exponen datos cuantitativos de los hogares mexicanos que debido a las condiciones económicas difíciles, las mujeres se tienen que hacer cargo de la economía familiar.

De acuerdo con datos de la ONU Mujeres, en América Latina y el Caribe, 54 por ciento de las mujeres tienen empleo informal, laboran diariamente largas jornadas y reciben sueldos más bajos que los hombres y con frecuencia carecen de las condiciones  de seguridad en el medio del trabajo.

Aunque el sector informal es una de las principales opciones para las mujeres jefas de familia, las  deja sin acceso a los beneficios en prestaciones del sector formal como el seguro social.

En México, el empleo informal de mujeres que están al frente de la economía de los hogares se concentra en el comercio. En el año 2000, la cifra fue de 31 por ciento y en 2009 se incrementó a 34.3 por ciento.

La organización Acción Ciudadana frente a la Pobreza menciona que para las mujeres las condiciones laborales son adversas, debido a que padecen de mayor desempleo, hay diferencias en sus salarios con relación a los hombres y mayor carga de trabajo en el hogar por el cuidado de los hijos y actividades en casa.

Para la mayoría de las jefas de familia sus percepciones son menores a dos salarios mínimos, es decir, menos de 200 pesos diarios, al tomar en cuenta el salario mínimo vigente a partir del primero de enero de este año.

Las empresas que contratan a las jefas de familia les ofrecen escasas oportunidades para poder mejorar en el trabajo, debido a que la capacitación a su personal apenas rebasa el 11 por ciento, en el caso de las microempresas, donde se concentraron las mujeres ocupadas.

En comparación con las empresas  medianas que capacitaron a su plantilla laboral en 73.7 por ciento y las pequeñas industrias en 55.8 por ciento. En estas empresas las mujeres que laboran ahí y que recibieron alguna capacitación fue de 35 por ciento, mientras que los hombres fueron instruidos en más del 60 por ciento, lo que ubica en desventaja a la mujer trabajadora.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE), en 2014, las empresas del sector comercio y servicios concentraron al mayor número de mujeres en 45 y 46 por ciento, el sector manufacturero en 34 por ciento.

Las microempresas que concentran a las mujeres ocupadas con 53.3 por ciento, a pesar de que generan anualmente ventas de hasta 4 millones de pesos y representan el 95 del total de las empresas, así como 40 por ciento del empleo en el país, con una producción del Producto Interno Bruto de al menos 15 por ciento, de acuerdo con la Secretaría de Economía. La capacitación a las mujeres jefas de familia se le ha dado poca importancia, orillando a muchas de ellas a permanecer en la informalidad.

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lunes, 28 de octubre de 2019

Proliferan medicamentos similares y genéricos con cuestionada calidad, debido a derechohabiencia desigual

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Ante la urgencia de ampliar al máximo la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de salud en zonas alejadas y entre grupos vulnerables, se ha vuelto una práctica común en la población de nuestro país la automedicación, a través de farmacias similares o de genéricos para atender las más comunes enfermedades.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta en Contexto La salud como adscripción social, algunas reflexiones mínimas. En el documento se exponen consideraciones sobre la problemática de la salud en México desde tres aspectos esenciales: la cobertura; diversidad de los servicios prestados y calidad del servicio. Al mismo tiempo da a conocer datos importantes del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010.

La derechohabiencia, es decir, el derecho de las personas a recibir atención médica en instituciones de salud pública y/o privada como consecuencia de una prestación en su trabajo se distribuye de forma desigual, porque los índices de adscripción en esas instituciones van del 80 al 60 por ciento.

Cifras del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 revelan que en México las cinco entidades federativas con mayor porcentaje de población con acceso a los servicios de salud  son: Colima (81.3), Aguascalientes (78.5), Nuevo León (77.1), Campeche (76.8) y Coahuila de Zaragoza (76.5).

Al mismo tiempo, entre las entidades con menor porcentaje de la población sin derechohabiencia son: Sonora (25%), Sinaloa (24.5), Yucatán (24.1) y Chihuahua (23.5), según datos del citado Censo 2010.

La cobertura en salud, comúnmente llamada universal, se entendería que la mayoría de los mexicanos tienen acceso a los servicios, pero aún existen entidades con menor derechohabiencia y para compensar esa escasa o falta de cobertura, la población recurre a métodos curativos y a la automedicación.

Con la consecuente masificación de farmacias con productos similares o genéricos, los cuales a pesar de que son a precios accesibles han recibido múltiples cuestionamientos en su calidad.

Es importante destacar que el gobierno federal le da dado preferencia a la cobertura de los servicios de salud, así como a la atención y mejora de infraestructura en la atención de primer nivel e infraestructura hospitalaria, pero se ha detenido en la distribución de medicamentos que implican grandes adjudicaciones de contratos millonarios a determinadas empresas intentando someter dichos convenios a la prueba de transparencia.

Respecto a los medicamentos y su distribución, las autoridades han cuestionado sobre este asunto, en el sentido de que las anteriores administraciones daban preferencia a determinadas empresas.

Ante la propuesta del gobierno federal de adecuar la calidad de los servicios desde la atención básica como los de alta especialización que no genere altos costos, se ha generado que los servicios de salud sean inaccesibles a los grandes sectores de la población, cuya única alternativa ha sido comprar fármacos a bajo precio con la esperanzar de que sus padecimientos terminarán.

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