José de Jesús González Rodríguez
En México, 42 por ciento de niñas y niños, hijos de
jornaleros agrícolas padecen algún grado de desnutrición, debido a carencias
del entorno laboral en este sector, sin acceso a servicios de salud, por lo que
los padres de familia se ven obligados a destinar la mayor parte de su salario para
atender enfermedades y accidentes ocasionados en sus zonas de trabajo.
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
presenta el Documento de trabajo número 310, Jornaleros agrícolas migrantes y seguridad social, con el propósito
de dar a conocer la problemática que vive este sector de la población, sus
condiciones laborales y de vida, percepciones, así como las carencias en
seguridad y protección social, a pesar de estar expuestos con frecuencia a accidentes
y enfermedades graves.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) resalta que
entre los principales riesgos para la salud de los jornaleros agrícolas a nivel
mundial están las excesivas horas de trabajo durante la época de plantación y
cosecha, cuyas jornadas laborales se extienden desde el amanecer hasta el
anochecer con pocas pausas de descanso.
Menciona que los trabajadores del campo padecen temperaturas
extremas, ya sea bajo pleno sol o exposición al frío y a la humedad sin que
tengan la indumentaria, calzado o equipo adecuados, por lo que muchas veces
sufren de deshidratación sobre todo durante las temperaturas altas por la insuficiencia de agua potable.
También los jornaleros se exponen a pesticidas tóxicos,
algunos venenosos y potencialmente cancerígenos. Presentan problemas cutáneos
como consecuencia de los productos químicos que requieren emplear en el
trabajo.
Durante su estancia en las zonas de trabajo, los
jornaleros migrantes habitan las viviendas que sus contratantes les proporcionan,
se trata de asentamientos temporales que no tienen las condiciones adecuadas en
materia de higiene comodidad y el
resultado es el hacinamiento de las familias.
La entonces Secretaría de Desarrollo Social indicó que en
2010 la mano de obra de los jornaleros agrícolas en nuestro país se constituía
en su mayoría de campesinos provenientes de las regiones más pobres de México,
éstos contratados temporalmente para la siembra, cosecha, recolección y
preparación de productos agrícolas y una gran mayoría de esas personas
abandonan sus comunidades de origen ante la ausencia de oportunidades, carencia
de servicios o bajos salarios, lo que ha motivado alta migración interna de
dichos trabajadores y de sus familias.
Para la hoy Secretaría de Bienestar, los jornaleros agrícolas
presentan un severo grado de vulnerabilidad como consecuencia de las
condiciones de vida y de trabajo en las áreas de cultivo por la sobrecarga de
actividades, jornadas excesivas, falta de acceso a los servicios básicos,
carencia de vivienda, discriminación y
malos tratos.
Lo más alarmante es que los niños, hijos de los
jornaleros agrícolas trabajan en las zonas de cultivo y los riesgos son mayores
para ellos, ya que están en proceso de crecimiento y necesitan de mayores
cuidados, pero no reciben la alimentación adecuada.
La UNICEF señala que dadas las carencias del entorno
laboral, 51.8 por ciento de los beneficiarios de los trabajadores agrícolas de
México no tienen acceso a servicios de salud, por ello los padres de los
menores tienen que destinar la mayor parte de su salario o vender sus escasas pertenencias
para atender enfermedades y accidentes de ellos y sus hijos.
Sobre el tema, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, en el documento: Derechos
humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de movilidad humana en
México afirma que un número significativo de niños y adolescentes migrantes
trabajan en condiciones de explotación en el sector agrícola, en actividades
del comercio informal, en labores domésticas o son víctimas de explotación
sexual en áreas urbanas o rurales.
A su vez, el Comité de Protección de los Derechos de los
Trabajadores Migratorios y sus Familias ha advertido sobre la precaria
situación de este grupo social y la urgencia de implementar acciones para
mejorar sus condiciones de trabajo, así como investigar y sancionar a los
responsables de las mismas. Para contribuir a esos propósitos, el Comité ha
emitido diversas recomendaciones al Estado mexicano.
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