· Ranking de nuestro país de percepción de la corrupción del 2000-2021
· ENCIG estima que en trámites de seguridad pública hay mayor corrupción
· En encuesta del CESOP 94% dice que existe corrupción y 89% impunidad
· Población pagó por causa de corrupción 12,769.7 MDP durante el año 2019
· Mayores porcentajes de sobornos en servicios del país en jueces y policía
· Implementar sistema de elección popular para el ámbito de fiscalización
· Afecta corrupción en servicios, licitaciones y nombramiento de funcionarios
· Corrupción provoca pérdida de legitimidad de sociedad hacia gobernantes
México sigue siendo el peor
evaluado en el Índice de Percepción de la Corrupción, se ubica en los 31 puntos
ocupando la posición 124 de los 180 países evaluados, puntuación que obtuvo en
2021 al igual que en 2020. De acuerdo con la escala que va de 100 a 0, en donde
100 indica que el país se encuentra libre de corrupción y 0 significa una
corrupción sin ningún escrúpulo.
El Centro de Estudios Sociales
y de Opinión Pública presenta su publicación número 145 del Reporte CESOP con
el título: Corrupción e impunidad, el cual brinda datos y cifras
valiosas que contribuyen al estudio de este preocupante fenómeno mundial. Un
grupo de seis investigadores desarrollan diversos temas relacionados con la
problemática referida. Dan a conocer las causas y consecuencias de la corrupción,
costos económicos, políticos y sociales. Se ofrece información de gran interés
sobre el ranking histórico de México de la percepción de la corrupción del
2000-2021; las áreas en el país en donde más se registran prácticas ilícitas de
corrupción y se plantean alternativas en el ámbito de fiscalización.
Con 31 puntos en la posición
124 nuestro país es el peor evaluado en el Índice de Percepción de la
Corrupción con relación a los 38 países que integran la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El investigador Mtro. Ernesto
R. Cavero Pérez en su artículo “Percepción de la Corrupción en México” presenta
un panorama detallado de cómo se percibe la corrupción en México mediante el
ranking histórico para nuestro
país 2000-2021.
De acuerdo con el histórico
del ranking de percepción de la corrupción, en el año 2000 México ocupaba el
sitio 59, a partir de 2003 se ubicó en el sitio 64; en 2006 al sitio 70. En
2010 se ubicó en el sitio 96 y en 2011 llegó al lugar 100. Desde 2016 rebasó el
lugar 100 al situarse en el 123. En 2017, 2018 y 2019 en los lugares 135, 138 y
130. Asimismo, en 2020 y 2021 se mantuvo México en el lugar 124.
La investigadora Ma.
Guadalupe Morales Núñez en su artículo “Corrupción e Impunidad” menciona
algunos de los importantes hallazgos de la Encuesta Nacional de Calidad e
Impacto Gubernamental (ENCIG) realizada en 2013. Destaca que a escala nacional
83% de la población considera que las prácticas de corrupción son muy
frecuentes o frecuentes y 89.7 de la población opina que la corrupción es una
práctica muy frecuente y frecuente en las policías; seguido de los partidos
políticos y el Ministerio Público con 84.4 y 78.4% respectivamente. La ENCIG
estima que el trámite con mayor porcentaje de experiencias de corrupción fue en
el contacto con autoridades de seguridad pública con 50.5%, seguido por el de
permisos relacionados con la propiedad con 24.8%. A su vez en la Encuesta sobre
el Sistema Nacional de Anticorrupción elaborada en 2015 por el CESOP muestra
que 94% de la opinión pública en México señala que existe corrupción y 89%
indica que también hay impunidad.
En el artículo: “El
soborno, una modalidad de la corrupción, sus causas y consecuencias”, de la
investigadora Rocío Ramírez Morales se puntualiza en datos de la
Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017 y 2019, de la
Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas
(ENCRIGE) 2016 y 2020 elaboradas por el INEGI que señalan que en 2019 la población
en nuestro país pagó por causa de la corrupción 12,769.7 millones de pesos, 64
por ciento más que en 2017. En términos per cápita, cada persona víctima de
corrupción erogó 3,822 pesos en promedio (1,372 pesos más por personas afectada
respecto a los estimado en 2017 que fue de 2,450 pesos. Entre enero y marzo de
2019 en un estudio del Barómetro Global de la Corrupción América Latina y el
Caribe, opiniones y experiencia de los ciudadanos en materia de corrupción,
publicado por Transparencia Internacional, revela que los mayores porcentajes
de sobornos en los servicios públicos de nuestro país son en jueces y policía.
En este último, el porcentaje aumento 52% en 2019 con relación a 2017 que fue
del 30 por ciento.
En el artículo elaborado por el investigador Héctor Hugo Rocha Gómez con el título: “La corrupción y el poder” señala que existen diversas categorías en que se ha registrado corrupción: cuando los funcionarios venden sus poderes discrecionales al mejor postor, asignan recursos y servicios de acuerdo con las ofertas recibidas; así también en casos en que los funcionarios cobran un porcentaje sobre los contratos de gobierno para adjudicarlos al mejor postor. Se refiere además a la corrupción de jueces o funcionarios públicos, proveedores de servicios públicos que exigen el pago de una cantidad determinada para acelerar servicios. El investigador resalta las áreas mayormente afectadas por la corrupción que son los servicios públicos, licitaciones y adquisiciones públicas, recaudación de impuestos, nombramiento de funcionarios públicos y administración de gobiernos locales, entre otros.
En el ensayo del investigador Omar
Cortés Macías titulado: “Los entes de fiscalización, oportunidad para
crear un modelo institucional a seguir”, se refiere a la necesidad de
cuestionar qué medidas se han tomado al interior de las instituciones para
lograr que imperen las conductas establecidas en el Código de Ética de los
servidores públicos del gobierno federal que contiene reglas de integridad y
lineamientos de conducta para los servidores públicos. Asimismo, plantea
implementar un sistema de elección popular para el ámbito de fiscalización e
impartición de justicia. Enuncia dos posibles vías para ocupar el cargo de los
órganos de fiscalización: que el Senado de la República o los congresos locales
podrían elegir a los perfiles con mejor desempeño en el ramo de la
fiscalización y posteriormente ser electos por voto popular. A su vez, la terna podría ser propuesta por el
Sistema Nacional Anticorrupción, ratificada por el Senado o los congresos
locales y electos por el voto popular.
En el artículo: “La
corrupción: consecuencias políticas, económicas y sociales del investigador
Diego Armando Camacho Cuéllar señala que entre las repercusiones de la
corrupción en lo político provoca: la pérdida de legitimidad o reconocimiento
de la sociedad hacia sus gobernantes; fomenta el desorden público, la división,
provoca malas prácticas en la función pública. En lo económico, la corrupción
retrasa el desarrollo de la nación y de las personas, perjudica la eficiencia
del mercado y en lo social, la persistencia de prácticas corruptas es una
violación a las leyes que propicia indignación social y desconfianza de la
población.
Documento
completo: https://bit.ly/3I4Bx7m
Palabras clave:
Corrupción, impunidad, falta de castigo,
anticorrupción, fiscalización.
Contacto:
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública,
Subdirección de Opinión Pública
https://portales.diputados.gob.mx/CESOP
Responsable de la edición: Lic. Rocío Ramírez
Morales
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